De 199 municipios nos transformamos territorialmente en 263

En 1989 el Paraguay contaba con 199 municipios. A la fecha tiene 263. Desde ese año hasta hoy, ha experimentado una silenciosa pero profunda reconfiguración territorial. Un rediseño que, lejos de responder exclusivamente a las necesidades de descentralización, revela un patrón inquietante: la creación de municipios como herramienta política, mecanismo de recaudación y, en no pocos casos, como plataforma de poder para sectores relacionados con la construcción de poder político, recaudación económica y lamentablemente en algunos casos a la cooptación de soberanía por las mismas organizaciones criminales.

En las últimas dos décadas, esta tendencia se aceleró: 36 nuevos municipios fueron incorporados al mapa, pasando de los 227 distritos históricos a los 263 actuales. Sobre el papel, este crecimiento podría interpretarse como el despliegue de un Gobierno Nacional más cercano, más democrático, más atento a las demandas locales. Sin embargo, la evidencia contradice ese optimismo. La expansión municipal, tal como se ha ejecutado, parece responder menos a una planificación nacional que a una lógica de fragmentación con beneficios particulares.

Al perder el rol de regulador interno, el Ministerio del Interior dejó de ser planificador a través del Instituto de Desarrollo Municipal; y las reformas que alcanzaron a la Secretaría Técnica de Planificaciones la hicieron prácticamente desaparecer. Esto permite generar políticas de ordenamiento territorial y división legal, administrativa y política, dejando a los legisladores que carecen de sustento técnico para actuar, llevando a una división ingobernable y muy costosa de sostener administrativamente el territorio nacional. Al extremo que el orden normativo nacional mantiene vigente la Ley 2532/05 de seguridad fronteriza, por la cual un extranjero colindante al territorio paraguayo no puede ser propietario en una franja de 50 km, pero sí puede ser intendente o concejal de la ciudad: un absurdo jurídico y político generado por improvisados en el arte de legislar y aplicar principios generales de teoría del Estado.

Un marco legal que habilita, pero no controla, es la Ley Orgánica Municipal, que establece condiciones como población mínima, viabilidad financiera, delimitación territorial inequívoca y estudios técnicos previos. La teoría es impecable. La práctica, peligrosa. Muchas de las nuevas jurisdicciones fueron aprobadas sin catastros claros, sin estudios de sostenibilidad y con informes fragmentarios o totalmente ausentes. El Congreso Nacional ha avalado repetidamente proyectos incompletos, ignorando advertencias técnicas del propio gobierno. Antes de las reformas posteriores a la transición democrática, la creación de municipios ocurría en escenarios excepcionales, bajo criterios poblacionales y geográficos estrictos. Hoy, el proceso formal sigue existiendo, pero la laxitud en su aplicación lo ha convertido en una formalidad más que en un filtro real.

Investigaciones recientes identifican un patrón preocupante: varias iniciativas de creación municipal fueron impulsadas por legisladores con vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Las zonas donde más se multiplicaron los nuevos distritos coinciden con corredores fronterizos, áreas de tránsito de mercancías ilegales y territorios donde el gobierno nacional ha retrocedido. La fragmentación permite crear gobiernos locales débiles, dependientes y fácilmente capturables, con presupuestos nuevos que pueden administrarse sin el rigor de instituciones consolidadas. La descentralización, cuando se hace sin controles, deja de ser un instrumento de participación para convertirse en un botín.

A primera vista, la creación de un municipio ofrece promesas atractivas: cercanía entre autoridades y población, acceso directo a transferencias del gobierno nacional, posibilidad de planificar el desarrollo local e identidad territorial fortalecida. Pero estos beneficios solo se materializan cuando el municipio nace con capacidad financiera real, servicios básicos mínimos, personal preparado y un proyecto de gobernanza sostenible. La realidad paraguaya muestra lo contrario: muchos de los nuevos distritos carecen de hospitales, escuelas suficientes, comisarías equipadas e infraestructuras elementales. Son municipios sin calles transitables, sin sistemas de recolección de residuos, sin ingresos propios significativos y, por tanto, dependientes del asistencialismo estatal o del poder político que los creó. Crear municipios sin garantizar sostenibilidad es como inaugurar hospitales sin médicos: una ficción administrativa.

El problema no es la descentralización; el problema es su abuso. Paraguay necesita gobiernos locales fuertes. Pero crear distritos solo para abrir una intendencia nueva, colocar aliados, habilitar licitaciones, acceder a transferencias del Tesoro o consolidar territorios políticos, es una perversión institucional. Cada nueva estructura implica intendencia, concejo municipal, administración completa, inversión en sedes, contratación de personal y sistemas de control. Cada nueva estructura representa un gasto que no siempre se traduce en mejores servicios.

El resultado de esta expansión desordenada se percibe en múltiples frentes:

1. La planificación territorial se rompe. El país pierde coherencia en obra pública, rutas, logística, manejo ambiental y distribución de recursos.
2. Los conflictos limítrofes aumentan. Muchos municipios fueron creados sin límites precisos, generando disputas y duplicidad de servicios.
3. El control ciudadano se debilita. Municipios pequeños y pobres son vulnerables al clientelismo, al autoritarismo local y a la penetración de economías ilegales.
4. La calidad de vida no mejora. La creación de un municipio no construye escuelas, hospitales, caminos ni garantiza administración honesta.

Paraguay necesita una reforma profunda y valiente: restaurar criterios técnicos vinculantes, evaluaciones obligatorias de impacto económico y demográfico, audiencias públicas reales, mecanismos de reversión o fusión para municipios inviables, catastro transparente y actualizado, sanciones políticas y penales para la creación de distritos sin sustento.

Un municipio debe ser la célula más cercana y viva de la democracia. Pero cuando el proceso está capturado por la lógica del poder, se convierte en un espacio de opacidad, un territorio fragmentado y un símbolo de un país que agranda su mapa sin agrandar su futuro. Paraguay debe decidir qué tipo de Estado quiere construir: uno que reparte intendencias o uno que garantiza derechos. La creación indiscriminada de municipios no es descentralización. Es un síntoma grave de que estamos dejando en manos de intereses particulares la arquitectura misma de la República.