Superintendencia de Jubilaciones, sin confianza de la ciudadanía

Existe un mandato constitucional que, si bien es claro, llevaba tres décadas juntando el polvo de la desidia de la clase política. Después de tanto tiempo, ese ignoto artículo ha sido sacudido de su modorra de años y se apersonó, tanto dentro del debate político como en las rondas ciudadanas del tereré. El mencionado artículo, el número 95, que en una parte de su enunciado establece que “los servicios del sistema de seguridad social podrán ser públicos, privados o mixtos, y en todos los casos estarán supervisados por el Estado”. Entró al debate nacional como elefante en cacharrería, levantando una ingente cantidad de polvo de confusión, temor y desconfianza a su alrededor. No es para menos, tanto por lo que está en juego: la seguridad en la vejez de buena parte de la población, como por el hecho de ser este el país que figura en el puesto número 135 en el Ranking del Índice de Percepción de la Corrupción y, como bien es sabido, recursos financieros y una clase política corrupta no hacen buena pareja.

Pero lo anterior no quita el hecho de que los mandatos constitucionales están para cumplirse y en lo que a esta materia se refiere, también está harto comprobado que la falta de control en las cajas jubilatorias ha sido una constante, y al respecto no nos faltan ejemplos para citar. Así tenemos que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios ya estaba en saldo rojo en el 2005 sin poder cubrir un pasivo mensual de unos 15.500 millones de guaraníes de esa época, o la caja de Jubilaciones del Personal Municipal de Asunción, que mientras se desangraba en el 2019 por falta de fondos, si le sobraba para pagar G. 32.972.125 en sueldos para cada uno de sus miembros del consejo o para los sueldos de los 220 funcionarios sobrantes de los 250 que poseía (podía funcionar solo con 30) o vayamos a un caso más actualizado, tenemos a la Caja de Jubilados del Sector Docente sobre la cual se anunciaba, tan solo en el pasado mes de octubre, que ya se encuentra en “quiebra técnica”. Y citamos esos casos por no mencionar los que directamente son achacables a la corrupción, como la estafa a Cajubi, donde el daño patrimonial fue de USD 72 millones, sin intereses, con estos se iban a los USD 132 millones.

Es decir, la libertad de acción con la que se ha gozado a la hora de administrar las cajas jubilatorias se ha prestado a una serie de entuertos en materia administrativa que han perjudicado tanto a los aportantes como al propio Estado. He ahí la necesidad e importancia de reglas claras que normaticen su funcionamiento.

Entiéndase a la súper intendencia como un organismo técnico de vigilancia , auditoría , intervención y control de actividades , programas , administración , y servicios que prestan las entidades públicas y privadas , con el objetivo que se adecuen al ordenamiento jurídico y cumplan los fines para los cuales fueron creadas.

Es de recordar que estas entidades no se alimentan solo de los aportes de sus socios, sino que para tener mayor capacidad de cumplir con sus objetivos y ampliar sus patrimonios realizan inversiones en empresas o emprendimientos financieros que puedan redituar en beneficios y como podrá adivinar el lector, los montos no son pocos, hablamos de aproximadamente USD 3.400 millones, que se dicen pronto, pero equivalen al 8,75% del PIB del 2021.

De ahí la supuesta intención de aggiornarse con las normas del 92, para velar y proteger el ahorro de los trabajadores y jubilados. Dados los ejemplos anteriores, que obviamente no son todos, es menester el admitir la importancia de hacerlo. De hecho, eso no está mayormente en discusión. No se puede estar en contra de la supervisión, pero eso no quiere decir que las preocupaciones desaparezcan; es legítimo y de gente prudente el levantar un mohín de preocupación cuando el zorro se ofrece para cuidar del gallinero.

Es en ese último punto donde surgen las suspicacias y la guerra de desinformación, la primera gran preocupación fue salvaguardar los fondos del IPS de la rapiña directa por parte del Estado, y la propia redacción de la ley da algunas señales como mínimo preocupantes. En su artículo 11, inciso b), se facultaba la inversión de “bonos o títulos de deuda de oferta pública emitidos en el Paraguay”. Si bien este problema, en teoría, queda saldado “in extremis” en las disposiciones finales con el agregado del artículo 4, que textualmente señala: “(…) El instituto no concederá préstamos al Estado, ni a los entes descentralizados, ni a las municipalidades. De igual manera, no podrá instrumentar operaciones con bonos o cualquier otro tipo de títulos de deuda emitidos por el Estado paraguayo”. Con esto se pretende blindar al IPS, pero surge otra pregunta: ¿Y las otras cajas y entidades de jubilaciones y pensiones? ¿Salvan a la gallina de los huevos de oro, pero a cambio de los polluelos?

En otro apartado tenemos la propia constitución del Consejo, que será conformado por seis miembros, y aquí encontramos un desequilibrio, tres de ellos, el 50% estará en manos de funcionarios que responden al Poder Ejecutivo; el presidente del BCP y el ministro de Economía y Finanzas y el de Trabajo Empleo y Seguridad Social. Para colmo, el presidente del Consejo será nombrado por decreto del Poder Ejecutivo, este presidente podrá ejercer el doble voto en caso de empate.

En cuanto a los tres miembros restantes: el de los empleadores será propuesto por la Feprinco, con lo cual será fácil dejar a un lado a las pymes, que en el 2021 sumaban 272.000 empresas. Y por cierto, los miembros que no salgan del sector público, igualmente serán elegidos por el presidente de la República, vía ternas. Resumiendo, podría convertirse en un consejo completamente cooptado por el Ejecutivo de turno y alineado a sus intereses, sin real capacidad resolutiva, una institución meramente “cosmética” pero con la capacidad de disponer del equivalente al 8,75% del PIB del país.

Un último punto a tener en cuenta y que despierta suspicacias es el apuro que se tomó la bancada oficialista en la aprobación. Esto algunos sectores lo achacan a las exigencias del FMI, con el cual el Estado firmó un acuerdo por el que se comprometía a elaborar dicha ley a cambio de un nuevo préstamo de USD 400 millones, que sigue inflando la deuda pública que ya está alrededor del 40% del PIB y el déficit fiscal que desde hace una década da números negativos, recordemos que un gobierno que solo sabe endeudarse para parchar problemas del presente no solo no es un buen gobierno, también es peligroso.

El acuerdo en un momento tuvo un tufillo a teoría conspiratoria, pero el propio FMI lo menciona en su página web: “El gobierno paraguayo se compromete a avanzar en los objetivos de reforma del Instrumento de Coordinación de Políticas (PCI) establecidos para el 2023. Estos incluyen la elaboración de una ley de transición para la Caja Fiscal y una nueva versión de la ley para la supervisión del sistema de pensiones”. Esto por sí solo no dice mucho, el estado se comprometió a hacer algo que de todas formas tenía que hacer, lo preocupante es que luego se acota “que sentarían las bases para una reforma más integral del sistema de pensiones”. Y esta a la larga podría convertirse en una caja de Pandora.

El apuro en el tratamiento de la ley no ha ayudado a aclarar la situación, que de por sí era oscura en un ambiente de desconfianza. Mucha de la discusión tal vez haya estado sesgada por la desconfianza entre los grupos parlamentarios, ante un tema cuyo tratamiento tarde o temprano era necesario para acabar con la fiesta de las cajas jubilatorias. Esperemos que no se cumplan los temores y simplemente no comience otra fiesta… con los zorros en el gallinero.