La libertad económica debe llegar

La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) sorprendió esta semana con la sanción aplicada a la procesadora de tarjetas de crédito Bancard S.A., y muchos se han preguntado ¿qué es la Conacom?, ¿cuál es su objetivo?, ya que causó gran curiosidad en la ciudadanía esta institución pública, prácticamente desconocida. La misma nace con motivo de la promulgación de la Ley N.º 4.956/2013 de Defensa de la Competencia, que tiene su génesis en el artículo 107 de la Constitución Nacional; en la norma se crea la institución y le confiere, entre otras, las facultades de estudiar e investigar los sectores económicos, analizando la situación y grado de competencia de cada uno de ellos, así como la posible existencia de prácticas que limiten esta competencia.

Asimismo, ¿cuál es el objetivo de la ley? Tiene como fin principal defender y promover la libre competencia en los mercados. Los actos contra la libre competencia quedan prohibidos y serán corregidos o castigados, mediante los mecanismos y sanciones previstas en dicho cuerpo normativo.

¿Qué condena la ley? La norma prohíbe el abuso de posición dominante, así como todas las prácticas anticompetitivas, tales como restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia existente o futura en el mercado relevante. Es decir, es ilegal fijar o imponer de forma directa o indirecta o recomendar colectivamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de comercio de manera abusiva; que las empresas se repartan los mercados, ejemplo: tal operador vende en una zona y otro en otra; los contratos con cláusulas desiguales o discriminatorias entre competidores; las licitaciones colusorias; la negativa injustificada de vender a un competidor cuando el insumo es único, para expulsarlo del mercado y tener el monopolio, entre otras prohibiciones.

Sí, usted leyó bien: este es el ente encargado de investigar las licitaciones públicas y de abrir investigaciones de oficio para indagar en caso de que se den irregularidades, como ser acuerdo entre proveedores del Estado para ganar tal o cual licitación. Increíble, pero cierto: los ciudadanos tenemos un guardián del mercado, pero adormilado.

Hay muchos temas de los cuales no se habla. Por ejemplo, la ciudadanía no conoce de casos en que esta institución competente en la materia investigue a los supermercados, a los holdings distribuidores de combustible o a las poderosas vialeras y farmacéuticas. En el caso de las últimas, cuyos precios son superiores a los de primer mundo, y la calidad de sus productos no alcanza los estándares del tercero. Así como tampoco se sabe nada sobre los acuerdos de exclusividad de las cervecerías que son anticompetitivos; que las reguladas de buses, al restringir la circulación, están alterando ese mercado relevante al limitar o controlar de modo injustificado el mercado en perjuicio de los consumidores.

Resulta muy lamentable que la autoridad de competencia no cumpla a cabalidad el desempeño que le debe ocupar como institución. Actualmente, solo realiza autorizaciones, aprobando concentraciones económicas, fusiones entre empresas, y lo único que se logra con esto es concentrar más el mercado, lo que abre camino a que ocurran abusos y carteles empresariales, acuerdo de precios entre supermercados y otras conductas perjudiciales para los consumidores que terminan pagando más porque no tienen opciones. Y cuando ocurren estos abusos de poder y conductas anticompetitivas no son investigadas como corresponde, sin mencionar que las multas, de aplicarse, están desfasadas y son irrisorias en comparación con otras legislaciones del mundo. Esta ley tiene diez años y debe ser reformada y actualizada, pero más aún puesta en práctica en su totalidad.

Por todo lo mencionado, resulta insólito que la Conacom haya sancionado a Bancard S.A. por abuso de posición de dominio al infringir la Ley de Defensa de la Competencia (LDC, art. 9 numerales 2 y 4) por la aplicación injustificada en condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, colocando a unos competidores en situación de desventaja frente a otros. Se impuso una multa por valor de G. 8.309.156.300 (USD 1.1 millones) y medidas correctivas conducentes a restablecer el proceso competitivo como es la prohibición de aplicar condiciones discriminatorias a su competidor Banco Continental (Bepsa). Bancard es procesadora de tarjetas y transmisora de datos en red de operaciones comerciales con tarjetas de crédito y débito.

Con este hecho esperamos como sociedad que la autoridad de competencia ejerza su rol de vigilante del mercado y de las actuaciones de las empresas, que sus funcionarios pongan en práctica todo lo que han aprendido en seminarios y cursos por el mundo que han sido solventados con dinero público, que dejen de excusarse con que no tienen recursos para abrir investigaciones y recuerden los directores que están bajo el escrutinio público y que pueden ser removidos por el mal desempeño de sus funciones, como ya les fue advertido en la sesión del Congreso cuando fueron convocados por la disputa de los frigoríficos para que presenten su informe de gestión en agosto del 2019.

Que esta sanción sirva de ejemplo y referencia, desaliente a grupos que realizan prácticas desleales, como la cartelización de empresas para distorsionar los precios, tergiversando el mercado y la economía de productos y servicios, buscando el lucro sin tener en cuenta la calidad y precios justos que debe surgir de una libre competencia en las ofertas. Este es un tema que ninguna propuesta de Gobierno menciona; sin embargo, a pesar de que sea un tema del que nadie quiere hablar, de la libertad de precio y competencia transparente depende nuestra libertad económica, la que nos permitirá avanzar hacia el desarrollo sostenible y mejora de la calidad de vida ciudadana.