Una raya más al tigre

Una raya más al tigre, podríamos afirmar, ante la serie de denuncias e irregularidades que han salido a la luz en las últimas semanas con relación a los falsos títulos universitarios de abogados, incluso maestrías y doctorados. Estas revelaciones no pueden dejarse simplemente pasar por alto, considerando las consecuencias directas e implícitas de la falsificación de documentos académicos.

El impacto se siente especialmente en el pueblo paraguayo al implicar la presencia de profesionales con títulos ilegítimos en roles públicos, ocupando puestos de alto rango y recibiendo salarios elevados basados en sus supuestas competencias y logros académicos. Es crucial tener en cuenta que estos ingresos provienen de los fondos estatales, es decir, del esfuerzo económico de todos los ciudadanos paraguayos.

La seria negligencia por parte de los organismos de control y regulación de las universidades e institutos superiores ha quedado al descubierto. Y como si esto no fuera poco, ahora se suma un hecho aún más alarmante: la habilitación descontrolada de carreras de Medicina. Esta crítica situación pone en riesgo miles de vidas humanas al confiar la atención médica a individuos cuya formación y competencia son objeto de cuestionamiento.

La gran controversia se encuentra enraizada en los intereses de ciertos sectores empresariales y políticos. Durante la última semana, se debatió en el Senado la propuesta de revocar la habilitación de nuevas carreras de Medicina, una propuesta que, lamentablemente, fue rechazada por la mayoría.

A juzgar por este hecho, se deduce que el fin de la educación ha sido sustituido por el negocio de la educación, es decir, ese que genera lucro. Los nobles objetivos de la educación, que son capacitar, formar, transmtir valores ,habilidades, forjar oficios y profesiones, han sido desplazados por el mercantilismo.

Es imperativo que los organismos gubernamentales, incluidos el Gobierno Nacional, los ministerios, la Aneaes y el Cones, asuman la responsabilidad de encauzar nuevamente las funciones de los programas e instituciones educativas, principalmente las universitarias.

En este contexto, necesitamos un Gobierno eficiente, comprometido con la patria y que cumpla con el contrato social al liderar y dirigir el país, administrando los recursos del Estado y haciendo funcionar las instituciones de control para beneficio de toda la sociedad, en el nombre de la justicia, la igualdad ante la ley y la ética cívica, esa que es la contracara de la corrupción.

La educación debe ser una prioridad máxima, ya que es la clave para superar la pobreza, abordar la inseguridad y establecer programas sociales y ambientales que prevengan la repetición de situaciones tan lamentables como las que estamos presenciando.