Juez de jueces

Un nuevo escándalo se registró esta semana al ponerse en entredicho el título de abogado del senador colorado y representante de la Cámara Alta ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Hernán David Rivas. Aunque esta denuncia no es nueva, en esta ocasión también se evidenció el nulo control por parte de los organismos rectores encargados, como lo son la Aneaes y el Cones.

La Aneaes es la institución responsable de evaluar y acreditar la calidad de la educación superior en el Paraguay; y el Cones es el que debe proponer y coordinar políticas y programas que garanticen una educación superior de calidad para todos los habitantes del país, de acuerdo con los planes de desarrollo nacional.

La duda sobre la legalidad del título universitario de Rivas es bastante preocupante debido a que, según mencionan, se habría expedido en forma meteórica para ocupar la representación del Senado ante el JEM a cambio de un “acuerdo político” en aquella ocasión: el no acompañamiento del voto censura contra el exministro de Educación Eduardo Petta, según lo expresó el exsenador colorado Enrique Bacchetta.

Además de la falta de criterio y objetividad para elegir a un representante, lo más grave es que tal transgresión de leyes provino justamente de parte de una persona que debería ser quien impulsa la creación de las mismas normativas. Y como si esto fuera poco, pasó a ocupar la presidencia del JEM, el órgano encargado de juzgar a jueces y fiscales.

Rivas ocupó la titularidad del JEM sin ser abogado, si es que se comprueba que realmente es así. Juzgaba a letrados que cuentan con formación, conocimiento y experiencia en el ámbito forense. La vieja y conocida frase: “el chancho no tiene la culpa, sino quien le rasca”, pudiera compararse tal vez con la situación que se dio.

De comprobarse que se trata de un título universitario falso, el de Rivas y otros que salieron a la luz a raíz de este caso, ¿podríamos asumir que el Cones y la Aneaes no han cumplido a cabalidad con sus funciones? Si no contamos con órganos de control eficaces, ¿estamos expuestos a tener más “profesionales falsos”?

En este contexto, en que la integridad y la capacidad de nuestros representantes públicos se ven seriamente cuestionadas, cabe reflexionar profundamente sobre el futuro de nuestra nación. La confianza en la idoneidad de quienes nos gobiernan es un pilar fundamental de cualquier democracia. Nos preguntamos, ¿en manos de quiénes nos encontramos? ¿Qué podemos esperar de autoridades que, en lugar de ser ejemplos de excelencia y dedicación, parecen haber logrado sus títulos mediante engaños y artimañas?

La respuesta a estas preguntas no solo define el presente, sino que sienta las bases para el futuro. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos exigir la transparencia y la honestidad que merecemos, y asegurarnos de que quienes ocupan un curul en el Congreso sean dignos de tal privilegio. La calidad de nuestra democracia depende de ello.