La universidad del delito y el artículo 20 de la CN

La crisis del sistema penitenciario, materializada en los acontecimientos desarrollados esta semana en el mayor reclusorio del país, Tacumbú, es una problemática de larga data con la cual claramente se muestran precedentes de notable gravedad. El actual presidente de la República debe comenzar por ubicar a funcionarios idóneos para llevar adelante esta fundamental transformación en materia carcelaria.

Los hechos ocurridos engrosan la lista de sangre y de violencia, considerando el motín en el Centro Educativo Itauguá, donde asesinaron a adolescentes en conflicto con la ley penal –el incendio en el cual murieron siete personas–; también la orden de traslado para Jarvis Chimenes Pavão, que derivó en la destitución de la entonces ministra Carla Bacigalupo, luego de lo cual se descubrió la forma lujosa de vida que llevaba este en todo un sector del penal, así como se convirtió en el “benefactor” de internos, haciendo inversiones edilicias dentro del mismo; o el caso del motín, también en el Centro Educativo Itauguá, donde fueron asesinados dos internos, hecho que quedó impune. Podemos continuar citando los episodios, entre ellos la masacre en el Penal de San Pedro o la fuga de Jorge Samudio, alias “Samura”.

Todo lo citado se vincula con la deficiente infraestructura penitenciaria, la corrupción reinante que se ha enseñoreado en esos recintos, el hacinamiento y la sobrepoblación, sumados a un abuso de la prisión preventiva, que lleva a tener solo el 30% de la población penitenciaria privada de libertad con condena.

Es comprensible que, al inicio de una nueva gestión, exista una expectativa importante y el Gobierno que asume goza de la confianza que el pueblo depositó en él, otorgándole la paciencia inicial en las decisiones que se toman; sin embargo, esta situación es una doble responsabilidad, que se debe asumir como tal, mucho más allá de las presentaciones en PowerPoint que, según hemos visto, vienen haciendo los ministros.

La problemática carcelaria y los sucesivos escándalos y crisis que se han venido suscitando, claramente plantean al nuevo Gobierno –que viene haciendo campaña desde el año 2018– la ejecución de políticas públicas de reforma o transformación penitenciaria que no se han logrado concluir, a pesar de los intentos que hemos visto, como la construcción de nuevos centros de reclusión, la ejecución de nuevas y modernas formas de gestionar las crisis y la apuesta de manera seria y efectiva a la profesionalización del personal penitenciario que, apoyado en la aplicación de tecnologías, deberá invertir toda su energía y conocimientos en rehabilitar a las personas privadas de libertad.

Igualmente, es determinante trabajar en coordinación con el Poder Judicial en disminuir el porcentaje negativo y lacerante del 70% de personas privadas de libertad sin condena, separación por perfiles en los nuevos centros, y trabajar directa y diariamente con los organismos de seguridad, para prevenir nuevos conflictos o enfrentarlos, a medida que el modelo transformado va tomando forma.

El Ministerio Público también es un pilar clave para toda la recomposición del sistema, esta institución debe tomar en serio las denuncias en contra de funcionarios que facilitan recursos a los presos para evitar de ese modo que realicen sus actividades ilícitas dentro de las penitenciarías. Las fuerzas de seguridad no pueden volverse cómplices de las estructuras criminales.

Debemos reconocer que existieron esfuerzos importantes en el pasado, como la fundación de un Instituto de Formación Penitenciaria, con una carrera técnica específica de atención a Personas Privadas de Libertad (PPL), conjuntamente con el MEC, con cooperación internacional, cuyos inicios de formación traían consigo requisitos específicos de perfiles de ingreso y salida, sentando las bases para la carrera penitenciaria, pero que encontraron numerosos otros obstáculos, entre ellos, la politización de quienes ingresaban a estos centros, pervirtiendo el objetivo inicial de un perfil profesional acorde a las exigencias.

Igualmente, se logró –también con apoyo internacional– cerrar estrategias intergubernamentales coordinadas entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, liderado en su momento por el Ministerio de Justicia, sobre inteligencia penitenciaria y medidas alternativas a la prisión preventiva, en el marco de la afrenta al avance del crimen trasnacional organizado. Sin embargo, estas iniciativas claramente no fueron continuadas ante los sucesivos cambios de ministros. Todo esto estuvo a la vista de quienes hoy están al frente de la administración estatal, percibiéndose con certeza que nada fue tenido en cuenta.

No menos importante es la lucha contra la corrupción imperante en el sistema penitenciario, donde hemos visto recientemente cómo agentes e internos se encontraban unidos en el marco de la crisis, reclamando reivindicaciones sindicales, siendo los funcionarios quienes debían establecer el orden y no ser los voceros de los reos que realizaron el motín. Muchos hoy se encuentran sumariados y denunciados ante el Ministerio Público, institución que hace la vista gorda ante las barbaridades cometidas por estos en el pasado, gozando de total impunidad y propiciando que el dinero sucio siga llenando sus bolsillos con absoluta normalidad.

La falta de reconocimiento por parte del presidente de la República sobre la existencia de una crisis penitenciaria nos pone en una situación aún más preocupante, ya que vemos a una administración que está más ocupada culpando al Gobierno anterior y en llegar con buena imagen a sus primeros cien días de gestión, con el corolario de la ratificación y apoyo en el cargo al ministro señalado como responsable de la crisis, demostrando que el cumplimiento del cupo político, es mucho más importante que encontrar personas idóneas, capaces y comprometidas ante tamaño desafío.

Con el Código de Ejecución Penal se creó la carrera, por ejemplo, del guardiacárcel y del agente penitenciario; sin embargo, se siguen manteniendo estos puestos como cupos políticos. No se cumplen los fines de los artículos 20 de la Constitución Nacional (CN) ni del art. 40 del Código de Ejecución Penal, donde además se reglamentan las penas privativas de libertad cuyo objetivo es la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Entonces, en Paraguay, ¿cumplimos con el objetivo constitucional de preparar a los condenados para una nueva vida? O los estamos perfeccionando para los crímenes en nuestras cárceles. Lamentablemente, hoy nuestro sistema funciona como una universidad del delito.