El gobierno sigue en campaña electoral

El descontento social por necesidades no atendidas se profundiza y el divorcio entre política y sociedad ahonda la incertidumbre de los paraguayos que esperan soluciones en distintos sectores –como ya lo hemos hablado en este espacio de El Nacional– siendo la gran esperanza que al fin llegue una acción política altruista que transforme la realidad enfocada al bien común y a la calidad de vida.

Hay, además, una crisis de legitimidad de los actores políticos y de credibilidad en la Justicia que no deja de dar muestras de corrupción, otorgando privilegios a ciertos sectores o personas, siendo selectiva y cobarde ante el poder, sometiéndose a sus operadores de turno y, por ello, generando tanta inequidad. Tal es el caso de un senador imputado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal, el político logró que un juez lo beneficie con la prisión domiciliaria, e incluso que pueda acudir a las sesiones del Congreso.

Por otra parte, la creciente ola de inseguridad demuestra que la Policía Nacional está desbordada, ya que a la proliferación de motoasaltantes, sicariatos –que empezaron en Pedro Juan Caballero y hoy se registran casos en zonas de Asunción, como barrio Jara, supermercados y hasta en grandes conciertos de artistas internacionales– ahora también se suman delincuentes que rompen cajeros automáticos con explosivos. Es una situación preocupante debido a la inacción policial que aumenta la zozobra.

Otro punto que marcó una semana conflictiva en cuanto a protestas: el transporte público. Nada bueno se percibe teniendo en cuenta el descontento por el desesperante sistema de buses en el país y el manejo poco honroso de los grupos empresariales del sector a expensas de los usuarios que deben movilizarse de manera humillante en unidades chatarra y esperando por horas en las calles. También es preocupante para jubilados y usuarios del Instituto de Previsión Social (IPS) las irregularidades administrativas, la situación financiera y la falta de medicamentos.

En medio de todo este escenario interno surge un supuesto plan de EE. UU. para luchar contra la corrupción que tendría en la mira al Paraguay y a personas que detentan espacios de poder; sin embargo, no se pudo conocer a cabalidad este documento – ni siquiera se sabe sobre su existencia – las propias autoridades no supieron informar al respecto dejando el ambiente político caldeado.

Como si todo fuera poco, la Cámara de Diputados consiguió una ampliación presupuestaria de USD 3,8 millones para salarios de los funcionarios. Este aumento, además de no estar justificado, va a impactar negativamente en el Presupuesto General de Gastos 2024, que ya está desbordado. Los parlamentarios siguen acumulando privilegios.

Todos estos hechos citados dan señales de que el nuevo gobierno debe tomar medidas y marcar una hoja de ruta urgente donde la verdadera prioridad sea la gente.

Mucho queda por hacer para alcanzar una sociedad más equitativa y con mecanismos de redistribución más justos. Nuestros representantes, al parecer, aún no pisan tierra, mientras la corrupción y la desidia se siguen impregnando en todos los sectores, hasta en la misma salud pública, donde se destapó recientemente graves denuncias por negligencias y tratos inhumanos hacia los pacientes en un hospital sensible como el Neuropsiquátrico.

Todos los sectores piden el grito de auxilio. Hay mucho trabajo por hacer para los nuevos gobernantes que, hasta el momento, no dan claras señales de tener mano firme para mejorar áreas clave y “estar mejor”. Este es el momento en que se debe asumir la investidura, el rol de gobernantes -y la responsabilidad que conlleva ello –  y prioricen el bienestar de la población. El gobierno debe concluir la campaña proselitista y sus discursos correspondientes a ese proceso y empezar a gobernar, a dar respuestas concretas y ejecutivas a las problemáticas que se vienen presentando, enfatizando la seguridad y la mala administración de la Justicia. El gobierno debe terminar la campaña electoral.