El costo de la improvisación

El exiguo presupuesto asignado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), así como la baja ejecución, condiciona al sistema sanitario paraguayo a un permanente desabastecimiento de insumos y medicamentos, al deterioro de la infraestructura, a la precarización laboral de las personas trabajadoras del sector, y mantiene en zozobra a la ciudadanía por la pobre atención –en el caso de ser recibidos ya que muchos ni pueden acceder al sistema sanitario– debido a la clara falta de voluntad para desarrollar, planificar y ejecutar una política de salud integral.

Haciendo un recuento de la situación y para tener un contexto, recordemos que en 1996 se aprobó la Ley n.º 1032 “Que crea el Sistema Nacional de Salud”, sin debate parlamentario, y tras la sanción ficta en el Senado. Esta ley y su decreto reglamentario n.º 19966/1998 que “reglamenta la descentralización sanitaria”, apuntaron a la autogestión municipal como alternativa ante la desfinanciación central del Estado. La lógica fue otorgar competencias a los municipios para la administración de los servicios sanitarios públicos, incluyendo la vigilancia sanitaria y epidemiológica local. Estas últimas funciones rectoras en la práctica no llegaron a ser asumidas.

El presupuesto como herramienta política y técnica fundamental para avanzar hacia el pleno respeto, protección y garantía del derecho a la salud, ha arrastrado históricas limitaciones en el el país. Entre 1997 y 2014, el gasto público en salud aumentó significativamente, del 2,5 % del PIB al 4,5 %. Específicamente, entre los años 2009 y 2014 se registró un crecimiento de gastos corrientes en salud del MSPyBS del orden de 30 % anual. Desde el 2015, en coincidencia con la Ley n.º 5098 de “Responsabilidad Fiscal” este crecimiento cayó a menos del 5 %, dificultando la respuesta a la creciente demanda de servicios.

Una de las consecuencias de la falta de acceso ha sido la lógica histórica de la migración por salud, un peregrinaje que lleva a centenares de familias a la Argentina y al Brasil –y a otros países como Estados Unidos, por ejemplo– para acceder a los hospitales públicos ante la desatención del Estado paraguayo.

Un hito fundamental para la garantía del derecho a la salud fue la declaración de gratuidad universal de las internaciones hospitalarias, así como de las cirugías de urgencias y programadas de las diferentes especialidades, a través de la Resolución n.º 140, que derivó en el 2013, en la promulgación de la Ley n.º 5099 de “Gratuidad de los Aranceles de las Prestaciones de Salud de los Establecimientos del MSPyBS”. La gratuidad contribuyó a evidenciar la demanda de atención no satisfecha, que anteriormente ni siquiera había sido cuantificada. Persistieron las deficiencias en la calidad de atención por la insuficiente capacidad de sostener un plan de desarrollo para el sistema.

Con respecto a las palabras del doctor Felipe González, quien dio declaraciones en su calidad de futuro ministro del Salud Pública –y que fue destituido sin haber siquiera asumido en el cargo-, es el ejemplo perfecto de una improvisación a la hora de designar personas que no están preparadas en el manejo de situaciones delicadas que hacen a la gestión de la salud pública nacional; por eso el funcionario en un cargo jerárquico tiene que tener un manejo de comunicación ya que este puede generar temores, animadversiones y reacción de la ciudadanía ante temas vulnerables como es la lucha por la vida ante una enfermedad grave. El doctor González se refirió a los casos de familiares de pacientes que recurren a instancias judiciales para acceder a medicamentos costosos y adelantó que durante su gestión se analizaría cada caso para que no se destinen recursos en situaciones irremediables, debido al alto costo que supone al sistema. Tras estas declaraciones, el futuro presidente de la República anunció que ya no sería ministro.

Un planteamiento, que incluso llegó a instancias parlamentarias, pero que no prosperó, es la creación de un fondo para subsidiar a personas con “enfermedades catastróficas”; dicho fondo debería ser manejado a través del Ministerio de Desarrollo Social y el Estado se haría cargo del tratamiento. Esto serviría para ayudar a las familias que, en muchos casos, incluso deben dejar sus actividades laborales para acompañar a las personas que padece la enfermedad.

La salud es un derecho humano indispensable para la plena realización personal y para el desarrollo económico y social del país. Una Política Nacional de Salud debe incluir los determinantes políticos, económicos, sociales y culturales de la salud; los estilos de vida que son los componentes más visibles de las políticas de promoción de la salud y la socialización y el empoderamiento del individuo y de la población y que unen los primeros con los segundos componentes de una política nacional de salud, es decir, las intervenciones individuales y colectivas. En Paraguay estamos lejos de llegar a esta sinergia en aras de mejorar la calidad de vidas de los ciudadanos.