Ciudad Gótica

La violencia y la inseguridad siguen ganando espacio en el país ante el abandono y la ausencia irresponsable de las instituciones encargadas del orden público, la seguridad nacional y el Estado de Derecho. La situación se ha ido de las manos; además de la violencia y alevosía con la que se perpetran los recurrentes y diarios delitos a ciudadanos trabajadores, jóvenes estudiantes, mujeres indefensas, entre otros, es de esperar alguna reacción no menos violenta de ciudadanos víctimas de estos delincuentes en cualquier momento; y esto es debido al abandono del Estado en su función reguladora de la convivencia de la población asentada en su territorio; nadie entiende qué pasó con la capacidad de reacción de minutos que tenía el 911 y menos comprensible lo ocurrido con el cuerpo de élite de la Policía Nacional denominado Los Linces.

El excesivo y largo proselitismo de los últimos años, recursos, esfuerzos y atención en otras áreas, desamparando los organismos de seguridad y las mismas Fuerzas Militares, dando una gran ventaja a los delincuentes, quienes implementan nuevos modus operandi que cada vez son más “innovados” y creativos; y lo más grave es la instalación en el país de organizaciones criminales nacionales, transnacionales. Es duro reconocer, en pocas palabras, que el país se está convirtiendo en un Estado que no ofrece seguridad física y a sus bienes a sus habitantes o en una suerte de “Ciudad Gótica”, conocida ciudad sometida por delincuentes y el crimen organizado, la de la noche, oscuridad, corrupción y un muy profundamente asentado sentido de la decadencia, narrada en sus historietas por el escritor Bill Finger; en la popular serie de Batman.

Un reciente caso que prueba que todo el nivel de inseguridad y desvergüenza ha sobrepasado los límites fue la denuncia de una mujer que fue atacada por 50 motochorros, quienes estaban al mando de 25 motocicletas cuando la emboscaron en la vía pública, junto a su hija para robarle el celular a plena luz del día en la ciudad de Yaguarón.

Y una constante son los atracos a locales comerciales haciendo uso de la violencia a las personas trabajadoras del lugar. Y como los delincuentes también se actualizan, se encuentran implementando nuevas estrategias de asaltos, tal como lo denunciaron varias víctimas. La nueva modalidad son los asaltos a los vehículos cuando los conductores se encuentran varados en los semáforos, esto es aprovechado para hurtar los celulares y correr en sentido contrario a la víctima para que en medio del tráfico no pueda perseguirlos.

Éstas y otras modalidades delictivas continuarán mientras no tengamos protocolos de reacción y detención de marginales y un sistema judicial que los aparte de la sociedad con condenas ejemplares; mientras esto no ocurra, continuaremos lamentando más muertes como la del joven Pedro, de 22 años, quien fue asesinado el viernes último por 10 mil guaraníes en la zona 6 del barrio Bañado Sur de Asunción, lamentablemente.

La instalación de bases en el país de asociaciones criminales es una realidad también; en la semana, fueron detenidos en Puerto Rosario, departamento de San Pedro, ciudadanos italianos que tenían órdenes de captura emitidas por la Interpol por ser miembros de la mafia calabresa; ¿cómo ingresaron al país, cuándo, por qué acceso, qué pasa con los controles migratorios y los antecedentes de extranjeros que ingresan al Paraguay? Son algunas preguntas que nos hacemos y quedan flotando en el aire para nuestras autoridades responsables. Es necesario hacer un llamado a todas las autoridades nacionales, departamentales y municipales para recordarles el compromiso asumido con la ciudadanía en cada elección y en cada asunción a tan importantes funciones. El Ministerio Público representa a la ciudadanía y debe velar por los derechos y garantías constitucionales de este conjunto, debe prevenir y sancionar estas conductas persiguiendo e investigando esta ola criminal que estamos sufriendo.

Por su parte, el Poder Judicial debe hacer cumplir y respetar las leyes vigentes en favor del pueblo. Administrar justicia oportuna, garantizando los derechos de las personas para contribuir a la convivencia pacífica en el marco del Estado Social de Derecho y a fin de lograr la Paz Social y el Desarrollo Sostenible del país.

En tanto que el Poder Ejecutivo debe proponer y garantizar políticas públicas, planes nacionales, programas regionales y proyectos locales, desde las instituciones responsables de la defensa nacional y la seguridad interna garantizando la convivencia pacífica de toda la nación.

Se debe recuperar el Estado de Derecho, el restablecimiento del orden público, reestablecer las garantías y derechos ciudadanos como el desplazamiento a los lugares de trabajo, estudio y recreación o prácticas deportivas que hoy se ven restringidos por el mismo miedo e inseguridad en el que estamos inmersos por esta, esperemos, circunstancial situación.