La política debe volver a la ley

Que parlamentarios e inclusive presidentes de la República interpreten la Constitución Nacional como mejor consideren a sus intereses, no es algo nuevo. La ausencia de criterio constitucional y de jurisprudencias coherentes y congruentes, es lamentablemente la característica de nuestra inacabable transición democrática.

Se crearon instituciones nuevas como el Ministerio Público y se redactaron nuevos códigos penales, procesales penales, entre otros; se estableció un órgano extrapoder (casi un cuarto poder): el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con una inversión altísima que destina el Estado paraguayo con la expectativa de que el órgano rector de la democracia paraguaya no cese en la búsqueda de mejorar paradigmas, referencias y normas que permitan la superación constante e ininterrumpida del nivel y calidad de la representación política en el país.

Lamentablemente, los casi cien millones de dólares americanos que se invierten anualmente -desde la aprobación del Código Electoral- no han sido otra cosa que recursos botados a un barril sin fondo: no hubo ningún retorno visible que pueda justificar tamaña inversión pública en un sistema político que fue degradándose periodo tras periodo desde 1992.

Que en el 2023 estemos discutiendo si un funcionario -aunque sea del más alto nivel de la República- tiene uno o dos fueros, es simplemente un absurdo, cuando no una falta de respeto a todo el pueblo paraguayo. La Constitución Nacional refiere sobre el mismo en su artículo 191, De las inmunidades, diciendo lo siguiente: “Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. Ningún senador o diputado podrá ser detenido, desde el día de su elección hasta el del cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal (…)”.

En el mismo artículo se señala que “cuando se formase causa contra un senador o un diputado ante los tribunales ordinarios, el juez lo comunicará, con copia de los antecedentes, a la Cámara respectiva, la cual examinará el mérito del sumario, y por mayoría de dos tercios resolverá si hará lugar o no al desafuero, para ser sometido a proceso. En caso afirmativo, le suspenderá en sus fueros”; es decir, refiere al legislador en funciones en dicho caso. En los casos que se presentan con los legisladores electos recientemente, con claridad existe una laguna, dado que nadie había podido imaginar la situación en la que los propios partidos políticos, los mismos organismos que reciben millones de dólares anualmente por parte del Presupuesto General de Gastos de la Nación, no tengan la voluntad y la capacidad institucional para impulsar reformas internas como la creación de Tribunales de Ética o algún mecanismo de control interno que sirva de filtro a candidaturas que sean presentadas con antecedentes, investigaciones policiales y menos aún judiciales; dado que tanto la Constitución Nacional y los estatutos de los partidos refieren a la condición de idoneidad y mínimamente gocen de buena reputación social sus candidatos, porque de lo contrario afectarán al funcionamiento de las instituciones de la República.

El doble fuero o inmunidad no existe en el Paraguay: lo dijo expresamente el juez que admite la imputación contra el diputado investigado por lavado de dinero y que logró un curul en el Senado; y aún más grave el caso del senador electo recluido en la penitenciaria de Ciudad del Este con al menos tres causas a la fecha.

Inadmisible, increíble e impensable punto de inflexión en el que se encuentra el proceso de construcción del sistema político democrático paraguayo. Cada gobierno, desde 1989 en adelante, fue peor que el anterior. Solo recordar que el justificativo para evitar que legítimos ganadores de elecciones (como el Dr. Luis M. Argaña, entre otros a lo largo de estos 34 años), hombres de vocación y liderazgo nacional, fuera la condición de haber sido un exfuncionario del gobierno del Gral. Stroessner, resulta risible en las circunstancias en que nos encontramos en la actualidad.

Estamos mal, muy mal. Todo esto debilitará todavía más a nuestras desgastadas y poco creíbles instituciones, y la falta de respeto a la misma ley por parte de importantes actores políticos no hace otra cosa que afectar nuestro mismo Estado de Derecho. La situación es crítica y la política carece de credibilidad y antídoto a lo que ella misma, o su distorsión, ha generado. Es momento de que las instituciones del sistema judicial -el Ministerio Público y el Poder Judicial- actúen con todo rigor y utilicen todos los recursos y facultades que la Constitución Nacional y las leyes le confieren. La política debe actuar enmarcada en el parámetro de la ley y en el Paraguay todos -gobernantes y gobernados- debemos regirnos por las mismas instituciones para que la acción política sea corregida y orientada hacia la ley para recuperar el Estado de Derecho.