Elección sin ganadores

La hermana Nación del Perú enfrenta una sostenida crisis institucional que ha llevado al país a tener seis presidentes en menos de cinco años. El pulso permanente entre el Congreso y el –ahora– expresidente Pedro Castillo, terminó con la destitución de este último, y su reclusión en el centro penitenciario de Barbadillo, haciendo compañía al también expresidente Alberto Fujimori – dejando en el aire que en el Perú no existe impunidad ni a los presidentes – en un aparente intento por frenar la votación de la moción de vacancia contra él, en el Congreso, decretó sorpresivamente la disolución del Congreso y la declaración del Estado de excepción; intento que no prosperó terminando devorado por su propio autogolpe frustrado.

La actitud, compromiso y coraje de los congresistas peruanos –haciendo caso omiso del anuncio presidencial–, en sesión y con 101 votos de 130, decretaron la vacancia de la presidencia de la República, con la declaración de incapaz moral, siendo acusado además de haber perpetrado un golpe de Estado. Según la Constitución Política del Perú, aprobada en el año 1993, la presidencia de la República puede quedar vacante ante una “permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”. Para muchos analistas, este uso del derecho constitucional es de doble filo, ya que “degrada el uso del poder”. Lo cierto y concreto es que el presidente peruano también retiene atribuciones que no lo dejan totalmente a merced del Congreso y esto contribuye a que el Ejecutivo y el Legislativo se mantengan en permanente tensión y conflicto.

Haciendo un paralelismo con nuestro país, donde, desde el propio Poder Ejecutivo se originan constantes ataques a la Constitución Nacional (CN); como así también, el Poder Legislativo, sumándose –cuándo no– el Judicial, violan principios generales constitucionales
que hacen tambalear la democracia y toda la fortaleza institucional del país. Actos públicos violatorios a la Constitución Nacional –como prórroga de duración de mandatos, candidaturas y proselitismo realizados por los más altos funcionarios de la República en funciones, la misma entrega sistemática de soberanía a Estados extranjeros, entre otros actos atentatorios a intereses nacionales– siendo la responsabilidad del sistema judicial todo tipo de conductas ilegales y la corrupción sistémica y las que se deben a la impunidad sobre estos actos antijurídicos y el silencio cómplice del Poder Judicial y el organismo extrapoder, el Ministerio Público.

Se profundiza la crisis por la falta de gestión en prácticamente todas las instituciones del Estado. Así también, la lista de servidores públicos que siguen en sus puestos denunciados por corrupción o falta de idoneidad y que se encuentran actualmente pujando por nuevos cargos políticos, es cada vez más larga.

Tenemos un expresidente –hasta hoy sin sanción– que, estando en función, se inscribió como candidato a un cargo partidario, utilizando todos los recursos del Gobierno confiados al mismo, y que electo y no habiendo sido sancionado, dio pie y ejemplo a que hoy el actual mandatario en funciones haga lo mismo. Total, en el Paraguay no se sanciona o condena a nadie por atentar contra las instituciones de la República y la Carta Magna.

También tenemos como antecedente al expresidente de la República destituido por juicio político –quien no siendo inhabilitado a ocupar nuevos cargos– fue electo senador de la Nación en el periodo subsiguient; y a otro que, habiendo concluido el mandato respectivo, ha despreciado asumir como senador vitalicio, buscando mantenerse activo en política partidaria y nacional, perturbando permanentemente al actual Gobierno, como el mayor conspirador de las instituciones que se pudo haber concebido.

Quienes ejercen el poder están limitados y regidos por la norma general de la República; caso contrario, estaríamos en los umbrales de una absoluta autocracia, de políticos que se consideran por encima de la Constitución y las leyes, dando por finalizada la etapa
democrática en el país y por convertir en letra muerta la Constitución y el orden normativo vigente. Estamos a una semana de las elecciones internas partidarias y de candidaturas presidenciales, departamentales y legislativas; nada prometedor se vislumbra, no será un cierre de etapa o ciclo, sino la prolongación agónica de un tiempo y actores que están dando manotazos de ahogado por sobrevivir en un tiempo y ciudadanía que ya no los tolera. El próximo domingo 18 son las elecciones y, lastimosamente, nadie ganará: todos los paraguayos perderemos.