Asalto a los fondos jubilatorios

El proceso electoral no puede ser cualquier cosa, dicen unos; y que en lo político no tiene que ver el marco legal vigente, dicen otros. Nada de esto debería ser aceptado, mucho menos la ciudadanía admitir y permitir que se siga cometiendo todo tipo de actos de gobierno contrariando el fundamento de existencia y a la misma ley máxima, como los desatinos perpetrados por el mismo Gobierno Nacional. Los Gobiernos son creados y constituidos para que la población nacional y sus comunidades estén mejor administradas, que sean tenidos en cuenta los intereses de todos y, en especial, la correcta y honesta administración de la cosa pública. Es decir, velar por los intereses y no que el pueblo se deba defender del propio gobierno. Pero desde que adoptamos un nuevo sistema electoral -1992- el mismo ha sido sistemáticamente adulterado por los gobernantes de turno en beneficio y protección de sus intereses, que en su mayoría han quedado impunes, y no del interés general como debió ser.

Los funcionarios públicos no deben ser candidatos, en primer lugar, para evitar distorsiones, corrupción y grandes injusticias administrativas, como ampliaciones presupuestarias, creación de nuevos cargos en la función pública, presentación del Presupuesto General de la Nación con abultados aumentos sin importar las fuentes de financiamiento, siendo el actual gobierno el que más lejos ha llegado como contraventor de toda norma y lógica administrativa prevista en la administración pública. No alcanzando los recursos bajo su competencia directa, ahora se interviene nada menos que el Instituto de Previsión Social (IPS) compeliéndolo a contraer nuevos préstamos para saldar deudas con proveedores, poniendo en riesgo los fondos jubilatorios. La iniciativa tuvo la Cámara de Diputados y fue aprobada en ambas Cámaras del Congreso.

El argumento es la falta de recursos para saldar deudas con las proveedoras del nosocomio que serían de US$ 240 millones, pese a que algunos mencionan que sería de US$ 408 millones.

La normativa establece medidas administrativas para el financiamiento del Programa de Enfermedad y Maternidad del IPS. Sin embargo, varias denuncias aseguran que se trata de un cheque en blanco que se da a autoridades de la previsional para realizar créditos ya que no especifica un monto máximo de hasta cuánto podría solicitarse a las entidades financieras y/o bancos.

Tras la promulgación de esta ley, el presidente del IPS, Vicente Bataglia, emitió una resolución en la que autoriza la primera operación en 24 horas. Y cabe recordar que el mandatario promulgó la ley a tan solo tres días de su aprobación. Este hecho no ha generado más que el repudio, la preocupación y el rechazo de los asegurados considerando que el gobierno adeuda millones al IPS a raíz de la atención prestada durante la pandemia a no asegurados y que, al cobrar toda la deuda al Ministerio de Salud, se podría a la vez también honrar el compromiso asumido con las proveedoras.

Sin embargo, el principal cuestionamiento se debe a que nos encontramos en plena campaña electoral con miras a las internas partidarias a celebrarse este 18 de diciembre y posteriormente las elecciones generales en abril del 2023, y el proyecto fue aprobado a tambor batiente sin mucho análisis y bien es sabido que los recursos podrían ser destinados al día D y no precisamente al fin solicitado. Además de contar con cuentas impagas, la atención que brinda el IPS es pésima e insuficiente.

El Gobierno se equivocó una vez más al intervenir una institución cuyos fondos financieros son privados. Siendo el propio Gobierno solo un gran deudor del mismo, jamás debió permitirse este atropello. Más que nunca hoy se debe estar alerta y dar seguimiento al destino de estos nuevos créditos que se generarán, lo usarán personas que no son sus aportantes y lo pagarán mañana sus asociados.