Hiriendo de muerte a la República

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que pretende extender por un año más el periodo de mandato de las autoridades municipales electas en los comicios de octubre del 2021. Esta iniciativa legislativa viola la Constitución Nacional, y rigiéndose por la Ley Orgánica Municipal, establece que cada cinco años los residentes habilitados para sufragar -nacionales y extranjeros- elegirán por medio del sufragio a un intendente municipal y a los miembros de la Junta Municipal.

Recordemos que por la pandemia del Covid-19, los anteriores intendentes y concejales estuvieron en el cargo por seis años; en ese entonces se logró la prórroga –ya consumándose el incumplimiento constitucional– ante las medidas sanitarias restrictivas, cuando el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) decidió cambiar el cronograma de los comicios que debían realizarse en el 2020. Los legisladores intentan otorgar un año más a los cuatro años dispuestos en las últimas elecciones.

Se busca modificar con una ley arbitraria, una situación que, además de ser un mandato popular en elecciones democráticas, está consagrada en la Carta Magna. Los legisladores que buscan agraviar la ley fundamental argumentan que existe “desigualdad y perjudica al equilibrio democrático del tiempo de duración del mandato entre uno y otro periodo de autoridades municipales”. También alegan que esto traerá incumplimientos en la conclusión de proyectos a ejecutarse, pero no tienen en cuenta que las funciones de la mayoría de los intendentes actuales están aplazadas por los ciudadanos a un año de ser electos, por el pésimo desempeño que lograron hasta ahora.

Ya se intentó desde el Parlamento pasar por sobre la ley, cuando instalaron en el Congreso Nacional el debate sobre la reelección presidencial. Como antecedente negativo para la República, debemos ir al año 2006, cuando la obstinación del expresidente Nicanor Duarte Frutos por la reelección para presidir el Ejecutivo, nos llevó a un estado de crisis interinstitucional permanente en los poderes del Estado, con la consecuente vulneración a las instituciones, su posterior debilitamiento y como corolario la derrota del Partido Colorado. En reincidencia, en el 2017 arremetieron con similares intenciones y propuesta de modificar la Constitución Nacional por medios no previstos en la misma -con notable aumento de la intensidad de la violencia-, llegando al extremo de que la ciudadanía reaccionara incendiando parte del Congreso Nacional y con el desenlace de un joven compatriota asesinado en sede del Partido Liberal a manos de nada menos que la Policia Nacional.

Con esta nueva acción, los legisladores están distorsionando y violando los principios generales constitucionales en aspectos como  la rotación de actores políticos, con la limitación a un único mandato -no se puede modificar la Constitución por ley- no existe reelección ni extensión de periodos presidenciales, tampoco de gobernadores e intendentes municipales; sin embargo, con leyes inconstitucionales han  modificado la Constitución Nacional y algunos intendentes logran dos reelecciones consecutivas, es decir, llegaron al absurdo de tres mandatos cuando la Constitución Nacional no refiere siquiera esa posibilidad.

Con esta nueva aprobación en Diputados, no se hace otra cosa que evidenciar el absoluto desprecio al cumplimiento de la misma Constitución Nacional, instituciones de la República y el sistema político adoptado en la misma; deben de aprender de una vez por todas que “el poder constituido no puede modificar lo dispuesto por el poder constituyente”; quienes ejercen el poder están limitados y regidos por la norma general de la Republica; en caso contrario estaríamos en los umbrales de una absoluta tiranía, de políticos que se consideran por encima de la Constitución y las leyes, dando por finalizada la etapa democrática en el país y por convertir en letra muerta a la Constitución y el orden normativo vigente.