La burocracia y sus intereses

La ausencia de gobierno y el vacío de poder que sufre actualmente el Paraguay como consecuencia de que altos funcionarios desatienden sus respectivas tareas para abocarse a campañas electorales se hace cada vez más preocupante e incluso llega a ser peligrosa. Cuanto más cerca nos encontramos de las elecciones partidarias, la vorágine proselitista parece transformar a los candidatos en verdaderos bárbaros con hambre de poder.

Se profundiza la crisis por la falta de gestión en prácticamente todas las instituciones del Estado. La lista de servidores públicos que siguen en sus puestos y pujan por un cargo político es cada vez más larga. Algunas de las instituciones desatendidas son la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN); la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP); la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO); la Entidad Binacional Yacyretá; Petróleos Paraguayos (PETROPAR), que actualmente se encuentra en el ojo de la tormenta por los precios de combustibles; y muchos ministerios como los de Salud Pública, Defensa, del Trabajo y de Justicia, estos liderados por el mismo presidente de la República que encabeza el listado dando pésimo ejemplo. Los organismos mencionados son de alta sensibilidad social, económica y política para el país. Sin embargo, estamos a la deriva.

Prueba de que estamos en orfandad como ciudadanos es lo que se originó esta semana con el amotinamiento en la Penitenciaría Nacional de Concepción, que dejó guardiacárceles heridos y un reo fallecido. Con el regreso de las designaciones políticas a los centros penitenciarios, todo el trabajo realizado en la anterior administración del Ministerio de Justicia está en riesgo. Otro hecho que se registró, sin que las fuerzas de seguridad puedan advertir nada, fue el robo a la sucursal de un Banco en la ciudad de Pirapó, departamento de Itapúa.

El primer deber de un servidor del Estado, empezando por el propio presidente de la República, es cumplir con sus objetivos y atender a las necesidades de la población; así también, hacer respetar la Constitución Nacional y todas las leyes con eficiencia. Pero acá ocurre lo contrario, la propia autoridad que debe generar referencias de conductas es la que está más desatenta, con la mirada puesta en un cargo político que le asegure resguardar sus intereses particulares.

La Constitución Nacional es sumamente clara en que el presidente y todo el gabinete en funciones deben dedicarse exclusivamente al servicio público. El Código Penal y la ley de la Función Pública también son explícitos al respecto.

El Código Penal, porque tipifica conductas como atentar contra el funcionamiento de las mismas instituciones que representan, al utilizar recursos públicos para fines propios; influir en funcionarios públicos a su cargo para que estén en actos partidarios o demuestren determinada preferencia política, entre otros casos. Por lo extemporáneo del proselitismo, el Código Electoral tampoco se está cumpliendo.

El desinterés de las autoridades en el cumplimiento de sus funciones ya cae en la negligencia, cuando no conducta dolosa propiamente. Con estos hechos, este gobierno viola las normativas nacionales al utilizar recursos para sus campañas proselitistas personales, entonces es un gobierno “significativamente corrupto”, considerando que corrupción es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio personal.

Urge que se tomen las riendas para que estos meses que aún le quedan por gobernar a la administración actual no terminen siendo los más críticos y con efectos más difíciles por resolver.