Dinero político sigue sin control

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, hizo entrega al Congreso Nacional del anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2023, conforme a lo que establece la Constitución. El plan de gastos anual es el documento donde se establecen los objetivos prioritarios para el Gobierno del Paraguay en el periodo de tiempo 2022-23, por lo que es considerado el proyecto de ley más importante en cuanto a las políticas públicas se refiere. Será estudiado por los legisladores y, como nos tienen acostumbrados, procederán a modificarlo a su antojo violando la Constitución Nacional como todos los años lo hacen, comprometiendo recursos de los que no se dispone, en áreas y programas que el propio Poder Ejecutivo no consideró de importancia. Pero este año que transcurre tiene un interés común a todos los sectores y partidos políticos del país, y es que nos encontramos en año electoral y siendo así lamentablemente la política nuestra se reduce a atender como prioridad el proselitismo, lejos de lo que deberían ser las reales y necesarias prioridades.

A pesar de que el titular de Hacienda afirmó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, pidió a los ministros del Ejecutivo no solicitar a los parlamentarios ampliaciones presupuestarias, bien sabemos que eso es muy difícil de cumplir y de bajo acatamiento, sobre todo cuando algunos de ellos se superponen en pleno proceso electoral como candidatos sin haber cumplido con la disposición normativa y ética de dejar de ser administradores públicos antes de lanzarse a campaña alguna; por si fuera poco esto, no solo los ministros del Poder Ejecutivo son candidatos, sino que también gobernadores e intendentes y, para no quedar atrás, el propio presidente de la República.

Cómo no estar desconfiados, molestos y en alerta ante tamaño despropósito de abandonar las funciones y responsabilidades que les fueron asignadas por mandato popular, para que hoy estén más preocupados por los próximos cargos que por gobernar precautelando los intereses de todos los paraguayos.

El presupuesto general de gastos de la nación es el plan anual de objetivos; en él deben contemplarse las posibilidades de previsión de salud, educación, seguridad y los tan necesarios como casi inexistentes servicios públicos de calidad. Sin embargo, la percepción es que el mismo e importante proyecto no hace más que cumplir cierto formalismo y disfrazar el financiamiento político de las campañas de varios sectores, pero en especial al que debe administrar importantes y cuantiosos recursos, siendo el mismo gobierno en funciones y candidatos a la vez.

Y cabe mencionar que es el propio Poder Ejecutivo el que busca trasgredir la Ley de Responsabilidad Fiscal del 1,5 del Producto Interno Bruto, superando al 2,3 para poder cumplir con las grandes necesidades, alegan. A esto se suma la intención de nuevos créditos por valor de USD 548 millones en bonos soberanos que obligará al país a arrastrar con nuevas deudas sin saber exactamente qué se hizo con todos los empréstitos realizados anteriormente. Pero no debemos responsabilizar solamente al Ejecutivo, pues también la tienen los legisladores, en cuanto a la elaboración del plan de gastos, ya que son ellos los que modifican y crean nuevas obras y rubros, algunos sin contar con fuente de financiamiento con tal de no quedar fuera o en desventaja en relación a sus ocasionales adversarios. El llamado de atención y control ciudadano sobre estos hechos deben ser tomados seriamente, al considerar que, quienes hoy están como ordenadores de gastos, se encuentran también en abierta campaña y no dudarán en utilizar toda la maquinaria y recursos públicos que tienen disponibles.

Algo similar ocurrió en el municipio asunceno, donde ya empezó “la fiesta”. Recientemente la Junta Municipal aprobó una ampliación presupuestaria de G. 4.545.115.220 para el reajuste salarial de 1.020 funcionarios contratados y jornaleros todos ellos.

El PGN puede llegar a convertirse en el botín más esperado por toda autoridad, sobre todo en tiempos de campañas electorales; con la débil legislación de controles al financiamiento político, de la función pública, sin controles prácticamente de rendición de cuenta y una cuasi inexistente voluntad de la Contraloría General de la República; lo dejamos a merced de candidatos –funcionarios en su mayoría- que, en vez de ver una oportunidad de mejorar las condiciones de vida para la gente, se convierte en la posibilidad de otro periodo perdido.