Licencia a la corrupción

Pretenden nuevamente ubicar al Paraguay como un país a contramano, cuando el mundo moderno y democrático tiene incorporado el sistema de rendición de cuentas a la ciudadanía, una herramienta que se da por hecho, nuestro país aún debate este tipo de obviedad, pretendiendo atropellar la misma Constitución Nacional. Lo que buscan algunos sectores desde el Congreso Nacional con la despenalización por inconsistencias en las Declaraciones Juradas de los funcionarios públicos, nos hace retroceder años luz en defensa de la democracia, transparencia y prevención de la corrupción.

En este espacio, El Nacional analizó recientemente la política del accountability, sobre la necesaria rendición de cuentas por parte de los funcionarios del Estado, para evitar ser presa del crimen organizado, los oligopolios y la impunidad. Si no se detiene la idea inescrupulosa de admitir la impunidad, el camino que estamos tomando es seguir lacerando un Estado ya bastante manoseado y saqueado. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos roben abiertamente sin reaccionar?

Los sistemas que prevén la Declaración Jurada de quienes desempeñan funciones públicas constituyen una herramienta indispensable, tanto para la prevención de conflictos de interés como para la detección e investigación de ciertos delitos asociados a la corrupción pública, especialmente el tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito del funcionario. Como también ya se advirtió desde este medio.

La Ley 5033/13 “Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos y deroga la Ley N.º 6355/19”, expresa claramente que todo funcionario o empleado público, contratado o electo por elección popular para prestar servicios en los poderes del Estado, entes autónomos, autárquicos, entidades binacionales, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, gobiernos departamentales, municipalidades, la Contraloría General de la República, la fuerza pública y en general quienes perciban remuneraciones provenientes de fondos públicos, deben presentar declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos a la Contraloría General de la República, dentro de los 15 días de haber tomado posesión de su cargo y en igual término al cesar en el mismo.

Como ciudadanos paraguayos debemos exigir que los funcionarios públicos nos sigan rindiendo cuentas, ya que gracias a este derecho se pudo detectar graves irregularidades sobre descomunales fortunas que estaban en juego en detrimento del propio Estado; es decir, dinero del pueblo. Lo que pretenden hacer los parlamentarios es un atropello vergonzoso hacia lo conseguido como sociedad en favor de la transparencia de la gestión de los Gobiernos y la defensa de la democracia.

Quienes quieran seguir robando impunemente deben ser separados de su cargo público de manera urgente y el pueblo debe identificarlos para que nunca más puedan aspirar a ningún espacio de poder o de gobierno. No pueden disfrazar el robo indiscutible y convertirlo en un simple “olvido” en una Declaración Jurada o en error que puede ser rectificado. Se debe evidenciar a quienes hurtan el dinero público.

D.D.W-S