El contrato político

“Colocado o no en la cumbre del sistema institucional del Estado, el ser humano está sujeto a agudas limitaciones cognitivas, relacionadas con sus propias carencias y con la multidimensionalidad del mundo social. Esto determina que la suya sea una racionalidad acotada, esto es, no puede realmente buscar ni hallar soluciones óptimas”, decía el politólogo Guillermo O’Donnell, para concluir que, en situación de gobierno, “el método típico de toma de decisiones es por medio de pruebas y errores, basado en el hallazgo de soluciones sub-óptimas”. Esta imposibilidad “natural” de resolver todos los problemas sociales de manera adecuada se agrava exponencialmente cuando los responsables de las políticas públicas no están calificados para las funciones que deben desempeñar y la corrupción impera como práctica cotidiana en todos los ámbitos y niveles.

En Paraguay, a la escasa o nula cualificación de los cuadros políticos en la ciencia de administrar un Estado, se añade su completo desdén por el cumplimiento de las promesas electorales. La elección de un gobierno, dicen los politólogos, implica un contrato político tácito entre los funcionarios electos y los ciudadanos que confían en las promesas de campaña. Cuando esta confianza es traicionada, el contrato se rompe.

La administración del Estado responde a  un esquema de inputs y outputs, para decirlo en términos cibernéticos. Es decir, es un juego permanente de señales que ingresan al sistema y que deben ser respondidas de inmediato. En otras palabras: demandas sociales que exigen respuestas del gobierno. Si las primeras superan a las segundas, la tensión crece progresivamente hasta desembocar en una crisis. Un escenario de crecientes reclamos desatendidos, desastre sanitario y alto grado de corrupción, no puede generar otra cosa que ingobernabilidad.

¿Cuáles han sido las respuestas del sistema político a los reclamos de la ciudadanía en los últimos años? Han sido gestos torpes, improvisados, paliativos de escasa trascendencia que solo sirvieron para exacerbar los ánimos de quienes se encuentran más vulnerables que nunca y que, en un cuadro de desesperación, hasta pueden apelar a la violencia. Gestos que terminaron siendo funcionales a grupos de poder en pugna.

Las manifestaciones de toda la semana confirmaron el descontento ciudadano, expresado en el rechazo a la clase política, a la que responsabiliza de la situación. Hay que entender que el enojo de la gente no se limita a la cabeza del Ejecutivo, sino que se extiende a todos los actores de un sistema que se ha caracterizado por el excesivo electoralismo, descuidando los aspectos estructurales que necesitan ser abordados en una estrategia de Estado que contemple el corto, el mediano y el largo plazo, a fin de garantizar a toda la población el derecho a una vida digna, tal como lo consagra la Constitución Nacional.

DDWS