El Presupuesto General de la Nación para el año 2023 ha experimentado un incremento significativo, llegando a la cifra de US$ 16.517 millones, lo que representa un aumento del 11,2% a lo largo del presente año. Estos datos preliminares, proporcionados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), revelan la dinámica financiera que ha marcado el desarrollo económico del país.
A principios de enero, el presupuesto se situaba en G. 105,3 billones (equivalentes a US$ 14.844 millones, según el cambio presupuestado), distribuido entre las distintas instituciones de la administración central y entidades descentralizadas. Sin embargo, al concluir noviembre, el monto se elevó a G. 117,2 billones (US$ 16.517 millones) gracias a una serie de ampliaciones aprobadas por el Congreso.
Durante este periodo, el presupuesto ha experimentado un incremento de G. 11,8 billones (US$ 1.673 millones), marcando un aumento del 11,2% en comparación con la cifra inicial de enero. Este crecimiento se ha reflejado en distintas áreas, con un aumento del 2,4% en los gastos financiados con recursos del Tesoro (principalmente impuestos), un 14,8% mediante préstamos de organismos financieros, y un 16,2% con recursos institucionales.
A pesar del crecimiento del presupuesto, los gastos obligados hasta noviembre representan el 73% del total, ascendiendo a G. 85,4 billones (US$ 12.032 millones). Este análisis subraya la gestión financiera responsable, ya que los gastos obligados no superan el 73%, evidenciando un margen de maniobra para atender otras necesidades presupuestarias.
En este periodo, se ha aprobado una significativa ampliación a través de la Ley N.º 7218/23, que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del MEF, a contratar préstamos o emitir bonos del Tesoro por un monto de hasta US$ 600 millones. Estos fondos se destinarán al pago de deudas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con empresas constructoras, así como a saldar las obligaciones del Ministerio de Salud Pública con empresas farmacéuticas.
Este endeudamiento proyecta un déficit fiscal del 4,1% del PIB, según las estimaciones del Ministerio de Economía. El nuevo gobierno, liderado por Santiago Peña, ha decidido extender el periodo de convergencia al tope de saldo rojo hasta 2026, modificando las proyecciones previas establecidas por la administración anterior. Con este ajuste, se espera que el déficit fiscal cierre en 2,6% el próximo año, 1,9% en el subsiguiente, y finalmente, regrese al límite legal del 1,5% del PIB en 2026.
