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Pese al ajuste, las críticas no se hicieron esperar. Tanto sindicatos como economistas advierten que el IPC no refleja con precisión el aumento real del costo de vida, particularmente en lo que respecta a la canasta básica familiar. Incluso el propio presidente de la República, Santiago Peña, reconoció que el método utilizado para el cálculo del reajuste no representa de forma fidedigna el impacto económico que enfrentan los trabajadores.
El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, también admitió la necesidad de revisar el sistema actual. Señaló que el IPC general, usado históricamente para definir el reajuste del salario mínimo, no capta con exactitud el incremento de precios de los bienes esenciales. En ese sentido, adelantó que se está evaluando un posible cambio metodológico para los próximos años.
"Es un tema recurrente el descontento con lo que mide el Banco Central, pero eso es parte del diseño de la política monetaria. Ahora bien, en el caso del salario mínimo, es evidente que debemos reconsiderar la fórmula", expresó Valdovinos. Asimismo, comentó que actualmente se lleva adelante un proceso técnico para la actualización del IPC, con la participación de los sectores público y privado, a fin de determinar si la canasta utilizada seguirá siendo la referencia para futuros aumentos.
Aunque desde el Poder Ejecutivo reconocen las limitaciones del índice utilizado, finalmente se optó por aplicar el reajuste exclusivamente basándose en el IPC, lo que generó reclamos por parte de las centrales sindicales, que advierten sobre la pérdida del poder adquisitivo del salario frente al incremento sostenido de los precios.
