EconomíaInstituto V-Dem
Los datos correspondientes al año 2024, publicados por el instituto sueco V-Dem, posicionan a Paraguay con un preocupante índice de 0,801 sobre 1, ubicándolo en el tercer lugar más alto de América Latina en percepción de corrupción política. Pero ¿cuál es el impacto real de esta situación sobre la sociedad en su conjunto? Aquí lo explicamos.
Cada vez que se mencionan métricas o índices de corrupción viene a la memoria una conocida broma que el presidente argentino de los años noventa, Carlos Saúl Menem, relató en televisión. En ella, el mandatario muere y llega al cielo, donde San Pedro le muestra una sala llena de relojes. Cada uno representa a un país y las manecillas se mueven cada vez que ocurre un acto de corrupción.
El presidente observa los relojes y nota que están todos los países, excepto Argentina. Entonces pregunta por qué. San Pedro le responde: "Mire arriba, presidente: ese reloj lo usamos como ventilador de techo".
Más allá de la anécdota, lo que revela el estudio sobre Paraguay no es motivo de risa. En el contexto regional actual, solo Nicaragua (0,941) y Venezuela (0,970) presentan índices más elevados, lo que ubica al país en una zona de alerta preocupante.
Esta cifra no es solo un dato estadístico. Detrás de ella hay inversiones que no llegan, empleos que no se generan, escuelas y hospitales que se deterioran y oportunidades desperdiciadas para aprovechar recursos estratégicos, como el energético.
Métricas
El Instituto Variedades de Democracia (V-Dem) se ha consolidado como una de las fuentes más confiables para medir la calidad de la gobernanza a nivel mundial. Su Índice de Corrupción Política califica a los países en una escala de 0 a 1, donde 0 representa plena transparencia y 1 corrupción generalizada.
Paraguay, con su índice de 0,801, no solo se ubica lejos de los estándares más altos de transparencia, sino que además evidencia la profundidad sistémica del problema.
El panorama regional muestra fuertes contrastes. En el extremo positivo se encuentran Uruguay (0,053) y Chile (0,084), dos países con instituciones robustas donde la corrupción se mantiene como una excepción.
Por su parte, Argentina (0,387), Colombia (0,393) y Brasil (0,436) presentan episodios recurrentes de corrupción. Sin embargo, aún conservan estructuras institucionales que funcionan como contrapesos relativamente efectivos, algo que Paraguay todavía no logra consolidar plenamente.
Un ejemplo de ello es el sistema judicial brasileño, que en distintos momentos ha investigado y encarcelado a figuras políticas de alto nivel, incluyendo a expresidentes, lo que refleja un grado de funcionamiento institucional poco frecuente en otras partes de la región.
En el otro extremo del espectro aparece el grupo de alerta crítica, donde Paraguay se encuentra junto a Guatemala (0,707), Honduras (0,746) y Haití (0,774). Lo que caracteriza a estos países no es solo la frecuencia de los actos de corrupción, sino también el carácter sistémico del fenómeno: una captura institucional que debilita los mecanismos de control y alimenta la impunidad.
Impacto
En estas condiciones, la corrupción deja de ser únicamente un problema ético para convertirse en una barrera tangible al desarrollo económico.
Diversos estudios internacionales coinciden en que la corrupción funciona como un impuesto invisible que desincentiva la inversión. Los inversores serios buscan entornos estables, con reglas claras y previsibles. Cuando el marco institucional muestra debilidad o falta de garantías, los proyectos suelen desviarse hacia mercados más confiables.
En el extremo opuesto, inversores con prácticas poco transparentes pueden ver oportunidades en países con instituciones débiles y altos niveles de corrupción. Como señala un viejo dicho empresarial: "Cuando el agua es muy clara, es más difícil pescar".
Para un país como Paraguay, que ha intentado atraer capital extranjero aprovechando su baja carga tributaria y su posición geoestratégica, este índice representa un golpe directo a su competitividad.
El impacto tampoco se limita al ámbito de la inversión privada. En los servicios públicos, por ejemplo, cuando las adjudicaciones estatales se otorgan en función de relaciones personales y no de criterios técnicos o de mérito, se deteriora la calidad de la infraestructura, la educación y la salud.
Factores
Las consecuencias recaen con mayor fuerza sobre los sectores más vulnerables de la población, que no tienen acceso a alternativas privadas para suplir esas deficiencias.
Sin embargo, experiencias como las de Uruguay y Chile demuestran que los bajos niveles de corrupción no responden a una cultura particular ni a una condición inmutable. Más bien son el resultado de reformas institucionales sostenidas en el tiempo.
Entre ellas se destacan sistemas judiciales independientes, altos niveles de transparencia fiscal, mecanismos efectivos de rendición de cuentas y protección adecuada para los denunciantes de corrupción. Todos estos elementos dependen, en última instancia, de voluntad política y de la calidad de la dirigencia pública.
Aunque Paraguay ha realizado avances normativos en algunos de estos ámbitos, todavía enfrenta un desafío importante: cerrar la brecha entre las leyes existentes y su aplicación efectiva.
El informe de V-Dem subraya que el índice de 0,801 no es simplemente un problema de reputación internacional. Representa el alto costo de un sistema de gobernanza que aún no logra romper con patrones profundamente arraigados.
Cada décima que logre reducirse en este indicador puede traducirse en contratos públicos más transparentes, mayor inversión extranjera y servicios básicos de mejor calidad para la población.
La pregunta ya no es si la corrupción tiene un costo económico. La cuestión urgente es cuánto más está dispuesta a pagar la sociedad paraguaya para sostener un sistema de reglas amañadas.
Sobre el Instituto V-Dem
Fundado en 2014 por el politólogo sueco Staffan I. Lindberg, el Instituto Variedades de Democracia (V-Dem) es una entidad independiente dedicada al estudio y medición de la democracia en múltiples dimensiones.
A través del Proyecto V-Dem y de una extensa base de datos global, el organismo evalúa la calidad democrática de los países mediante siete principios fundamentales: electoral, liberal, participativo, deliberativo, igualitario, mayoritario y consensual.
Sus índices ofrecen una de las evaluaciones comparativas más amplias y rigurosas sobre el estado de las democracias en el mundo.
