"Jejoko Mbarete"

Paraguay lanza operación militar integral contra el contrabando

El Gobierno puso en marcha una de las mayores operaciones de control fronterizo de los últimos años, con la participación simultánea del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La iniciativa busca frenar el avance del contrabando que golpea a los productores nacionales y genera pérdidas millonarias al Estado.
DNIT.

El presidente Santiago Peña instruyó el inicio de la operación denominada "Jejoko Mbarete", con presencia en todo el territorio nacional. La misión fue confirmada por el ministro de Defensa, Óscar González, quien explicó que se trata de un operativo integral que combina acciones por tierra, aire y agua. La Armada Paraguaya recibe apoyo logístico del Ejército y la Fuerza Aérea, con coordinación directa de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y la Policía Nacional.

Según el comandante de las Fuerzas Armadas, César Moreno Landaira, el despliegue abarca puntos neurálgicos como el Puente Remanso, el Puente Héroes del Chaco, la rotonda de Villa Oliva y la zona de Mariscal Estigarribia, además de controles en Canindeyú bajo la dirección del Comando de Operaciones de Defensa Interna. La Fuerza Aérea realiza sobrevuelos diarios para detectar pistas clandestinas y rutas fluviales de contrabando, mientras que la Armada intensifica sus patrullas en los destacamentos del río Paraguay, especialmente en la zona de Alberdi.

El impacto del contrabando en cifras

El contrabando continúa siendo una de las mayores amenazas económicas del país. Durante el año 2024, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios registró incautaciones por un valor de más de 20 millones de dólares, con 1.352 actas levantadas y más de cuatro millones de unidades de productos decomisados. Los controles permitieron retener 53 toneladas de carnes y productos de origen animal.

En el rubro agrícola, los decomisos alcanzaron cerca de 940 mil kilos de frutas y hortalizas, principalmente tomate, cebolla y papa, que representaron el 80 % de los productos ilegales incautados. En lo que va del 2025, las autoridades ya confiscaron más de 770 mil kilos de frutas y verduras de contrabando, con un valor superior a los 7.600 millones de guaraníes. En conjunto, las incautaciones de este año superan los 60 mil millones de guaraníes, lo que equivale a unos 8,5 millones de dólares.

Pese al aumento de los decomisos, los resultados judiciales siguen siendo escasos. De 24 causas recientes por contrabando, solo una concluyó en condena. Las estadísticas del Ministerio Público muestran además una disminución del 30 % en los procesos abiertos respecto al año anterior, lo que refuerza la percepción de impunidad que rodea a este fenómeno.

Productores exigen resultados concretos

El endurecimiento de los controles responde también a la presión de los productores agrícolas, especialmente de los sectores de papa y cebolla, que desde hace semanas vienen reclamando medidas concretas. Las pérdidas por la competencia con productos de contrabando son cada vez mayores y las protestas se extienden por distintas zonas del país.

Los agricultores sostienen que el ingreso ilegal de productos desde Argentina y Brasil les impide vender sus cosechas a precios competitivos. Plantean como medida urgente la suspensión temporal de las importaciones de papa y cebolla durante los periodos de cosecha local, para permitir la comercialización de la producción nacional. Las manifestaciones continuarán la próxima semana en Asunción, frente a instituciones públicas, en reclamo de controles efectivos y sanciones ejemplares.

En varios distritos del interior, los productores aseguran que la falta de acción estatal durante los últimos meses generó un daño profundo a las economías locales. La producción, encarecida por el clima y los altos costos de insumos, se ve desplazada por el ingreso de productos extranjeros que llegan a los mercados con precios imposibles de igualar.

Desafíos que ponen a prueba el operativo

El lanzamiento de "Jejoko Mbarete" genera expectativas, pero también desafíos de gran magnitud. La coordinación interinstitucional será clave para que los controles tengan efecto real y no se conviertan en operativos aislados. Las Fuerzas Armadas, la DNIT, la Policía Nacional y el Ministerio Público deben actuar de manera sincronizada para garantizar la validez de los procedimientos y evitar que los casos se caigan en tribunales.

Otro obstáculo radica en la debilidad del sistema judicial. La baja tasa de condenas por contrabando refleja la falta de capacidad sancionatoria del Estado. Sin una reforma que fortalezca las investigaciones y la persecución penal, las incautaciones corren el riesgo de quedarse en el plano mediático.

El contrabando, además, no se limita al ingreso de alimentos o bebidas. Incluye redes transnacionales dedicadas al tráfico de neumáticos, combustibles, textiles e incluso armas. Estas organizaciones se aprovechan de la corrupción institucional y de la falta de controles fronterizos, especialmente en la zona de la Triple Frontera y en los pasos clandestinos del río Paraná.

A ello se suma la necesidad de sostener el despliegue en el tiempo. Mantener el nivel operativo implica costos logísticos elevados, combustible, mantenimiento de aeronaves y embarcaciones, y una estructura de inteligencia permanente. Si el operativo no cuenta con un presupuesto garantizado, corre el riesgo de agotarse antes de mostrar resultados tangibles.

Una apuesta política de alto riesgo

El Gobierno busca demostrar con esta operación que la lucha contra el contrabando se transformará en una política de Estado. La intervención militar y el mensaje de acción coordinada son una señal de que el Ejecutivo intenta recuperar el control de las fronteras y enviar un mensaje a los sectores productivos que reclaman protección.

Sin embargo, el éxito dependerá de que los esfuerzos operativos se traduzcan en resultados judiciales concretos y en alivio real para los productores. Los próximos meses serán determinantes para medir la efectividad del operativo y su capacidad de sostenerse más allá del impacto inicial.

"Jejoko Mbarete" se presenta como una apuesta audaz y necesaria, pero su éxito no se medirá por la cantidad de uniformes desplegados, sino por su capacidad para reducir el ingreso de productos ilegales, castigar a los responsables y recuperar la confianza del sector productivo en la acción del Estado. Si logra ese equilibrio, podrá marcar un punto de inflexión en una batalla que Paraguay lleva décadas intentando ganar.