EconomíaDigitalización del comercio
En Paraguay, cobrar con tarjeta sigue siendo, para muchos comercios, más una carga que una ventaja. Esa es la distorsión que un nuevo proyecto de ley busca corregir: reducir hasta en un 50% los costos asociados a los pagos electrónicos, con la idea de volver más accesible el uso de medios digitales en locales, servicios y pequeños emprendimientos.
La discusión no es menor. Detrás de una comisión aparentemente "técnica" se juega una parte importante de la competitividad del comercio formal. Para miles de pequeños negocios, aceptar pagos con tarjeta implica resignar margen en un contexto donde vender ya cuesta más: alquiler, reposición, salarios, energía y presión tributaria. Si a eso se suma una comisión considerada alta por el sector, el resultado es conocido: muchos comercios prefieren seguir operando en efectivo o trasladar el costo al consumidor.
Por eso, el proyecto tiene una lectura que va mucho más allá del sistema financiero. En el fondo, apunta a intervenir sobre una barrera estructural de la economía paraguaya: el alto costo de formalizar transacciones pequeñas y medianas. Si cobrar con tarjeta se vuelve más barato, el incentivo cambia. Más negocios podrían optar por bancarizarse, registrar ventas y operar dentro del circuito formal. Eso, en teoría, beneficia al comerciante, al consumidor y también al Estado.
El argumento económico detrás de la propuesta es claro: bajar el costo de aceptación de pagos digitales puede ampliar la base transaccional. En otras palabras, quizá cada operación deje menos comisión, pero el sistema podría capturar un volumen mayor de pagos que hoy directamente no pasan por canales electrónicos. Esa lógica ya fue observada en otros mercados: cuando la fricción baja, el uso sube.
En Paraguay, además, el debate llega en un momento particularmente oportuno. La economía local viene mostrando un proceso gradual de digitalización financiera, con mayor uso de billeteras, transferencias y pagos electrónicos en el consumo diario. Pero ese avance todavía convive con una fuerte dependencia del efectivo, especialmente en comercios barriales, servicios independientes y segmentos de menor escala.
Ahí está el punto central: la transformación digital no depende solo de que el consumidor quiera pagar con tarjeta o con el celular. También depende de que al comerciante le convenga aceptar ese pago. Y hoy, en muchos casos, no le conviene lo suficiente.
Si la propuesta avanza, podría generar un doble efecto económico. Por un lado, reduciría costos de operación para el comercio formal. Por otro, podría contribuir a una mayor trazabilidad de las ventas, algo especialmente relevante en un país donde una parte importante de la actividad aún se mueve en zonas grises de informalidad. Más operaciones registradas significan más visibilidad sobre el consumo real, más acceso a crédito para pequeños negocios y, eventualmente, una base tributaria más amplia.
Claro que no todo el impacto sería lineal. Una reducción forzada de costos también abre otro debate: quién absorbe ese recorte. Si cae el ingreso de los actores que procesan pagos, el sistema financiero y los operadores del ecosistema podrían verse obligados a recalibrar su modelo de negocio. La clave estará en cómo se diseñe la implementación para evitar que una rebaja en comisiones termine compensándose con otros cargos, demoras o nuevas barreras de entrada.
Aun así, la señal política y económica del proyecto es fuerte. El Congreso está poniendo sobre la mesa un tema que toca de lleno la productividad del comercio y la modernización del sistema de pagos. Y en un contexto donde Paraguay necesita ampliar su formalización sin ahogar a los pequeños contribuyentes, el costo de cobrar deja de ser un detalle técnico para convertirse en un asunto de política económica.
