EconomíaAnálisis CADEP
"Frente al pilar contributivo de la protección social observamos que el gobierno de Santiago Peña no ha podido instalar una narrativa convincente de progreso y resolución", señala el reporte de fin de año del Centro de Análisis de Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), cuyos referentes son el exministro Dionisio Borda y el economista Fernando Masi.
Una de las primeras leyes del actual gobierno fue la Ley N.º 7235/2023, destinada a reglamentar el rol supervisor del Estado sobre las entidades de jubilación y pensiones. A dos años de su promulgación, la entidad aún no ha comenzado a operar, aunque finalmente, hacia fines de este año, se concretó el nombramiento de la figura principal del denominado Consejo de Seguridad Social, con la designación de una técnica del Banco Central del Paraguay como superintendenta.
"El discurso oficial no ha encontrado una fuente de legitimación en el ámbito del sistema de protección social de tipo contributivo, marcando un contraste con lo ocurrido en los programas sociales del pilar no contributivo. En nuestra opinión, esto se debe a que los desafíos en el sector de pensiones y jubilaciones son muy difíciles de sortear y, en los dos primeros años de gestión, lo que se ha podido ofrecer son solo las bases para futuras reformas", expresa el informe.
La situación del sistema previsional para los trabajadores del Estado, así como para los funcionarios municipales, se ha vuelto crítica. Tanto la Caja Municipal como la Caja Fiscal enfrentan serios déficits que amenazan la estabilidad financiera de miles de jubilados.
La Asociación Paraguaya de Jubilados y Pensionados Municipales, encabezada por Rita Duarte Servián, ha exigido la intervención de la Caja Municipal, que actualmente se encuentra en situación de quiebra. Los aportes de quienes han contribuido durante más de 30 años corren el riesgo de perderse.
A fines de 2025, la nueva Superintendencia de Jubilaciones, creada por ley a propuesta del gobierno de Santiago Peña, recién se prepara para abordar las reformas necesarias. El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, ha prometido la presentación de un texto con propuestas de reforma antes de fin de año.
Programas
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) administra los programas sociales del pilar no contributivo, entre los cuales se destacan tres principales:
a) la Pensión Alimentaria para el Adulto Mayor;
b) el programa Hambre Cero en las Escuelas; y
c) Tekoporã, la transferencia monetaria condicionada.
Estos tres programas representan el 98 % del presupuesto destinado a los programas sociales del MDS. En particular, la pensión para adultos mayores concentra el 65 % del presupuesto total, con unos 350.000 beneficiarios que reciben mensualmente el 25 % del salario mínimo.
Se trata de un porcentaje significativo, considerando que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Censo 2022 registró 523.660 personas mayores de 65 años.
"Si las cifras del MDS son correctas, el programa cubre la sorprendente proporción del 66 % de los adultos mayores. Además, ello implica que ese porcentaje califica para el beneficio por encontrarse en situación de pobreza o vulnerabilidad, sin percibir otras jubilaciones, pensiones o remuneraciones por parte del Estado o del sector privado", resalta el documento.
Para 2026 se prevé incorporar a 30.000 nuevos adultos mayores, mientras que el MDS obtuvo un incremento presupuestario del 8,4 %, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.
Hambre Cero
En el caso del programa Hambre Cero, la narrativa oficial sostiene que se trata del programa de mayor impacto social del país, con un crecimiento sostenido.
A mediados de 2024 se estimaba la provisión de alimentación a 450.000 escolares en 90 distritos priorizados, mientras que a finales de 2025 el Gobierno informó que el programa alcanza a 263 distritos, beneficiando a 1.050.000 alumnos.
"Se argumenta, además, que el principal impacto del programa es el aumento de la retención escolar, una meta social relevante. No obstante, los datos agregados sobre retención y deserción escolar aún no están disponibles para el período analizado", subraya el informe.
Finalmente, en el caso del programa de transferencia monetaria Tekoporã, el Gobierno también ha concentrado allí parte de su capital político, presentándolo como prueba de su compromiso social.
Desde el inicio de la gestión se adoptaron dos medidas significativas. La más relevante fue un reajuste del 25 % en los montos transferidos y el cambio de denominación del programa, que pasó de "Tekoporã" a "Tekoporã Mbarete", con el objetivo de presentar un esquema fortalecido.
Estos cambios buscaron imprimirle un sello propio a un programa de transferencia monetaria condicionada que opera en el país desde hace más de 20 años. En este ámbito también se ha incrementado el número de beneficiarios y se proyecta una expansión adicional. Las cifras disponibles indican que en 2025 el programa alcanzó a 200.000 participantes.
