El Gobierno reiteró su intención sin retroceso de continuar con profundas reformas del Estado y ponen como plazo límite al 2024, forzando así procesos que requieren de amplios debates. Uno de los objetivos es dinamizar la economía. Se llama a la ciudadanía a ser más contralora que nunca, ante la posibilidad de nuevos atropellos por parte de colorados.
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, anunció que el gobierno de Santiago Peña ha fijado el año 2024 como plazo límite para llevar a cabo una ambiciosa reforma del Estado, con la intención de reorganizar y dinamizar la economía paraguaya. Según el ministro, el ejecutivo tiene previsto presentar una serie de paquetes de proyectos de leyes a lo largo del próximo año para materializar estas transformaciones.
Entre las acciones ya ejecutadas por el gobierno se destacan la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que fusionó la Dirección de Aduanas y la Subsecretaría de Tributación, así como la creación del Ministerio de Economía y Finanzas, partiendo de la estructura del Ministerio de Hacienda. Además, se planea la futura creación de la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones. Fernández Valdovinos señaló que uno de los objetivos fundamentales es limitar la creación de secretarías y ministerios, reduciendo así la burocracia innecesaria.
"Esto ayudará a disminuir la burocracia innecesaria. Hemos sido testigos de la creación de ministerios en los primeros 100 días del gobierno anterior para favorecer a personas cercanas en lugar de implementar reformas estructurales que mejorarían la eficiencia del gasto", destacó Fernández Valdovinos. La propuesta incluirá la reestructuración del Estado, estableciendo parámetros que regulen la creación de secretarías y ministerios.
Otro proyecto relevante se enfoca en formalizar pequeñas y medianas empresas mediante un régimen especial. Fernández Valdovinos subrayó la importancia de llevar a cabo estas reformas el próximo año, ya que postergarlas complicaría su implementación. Además, se plantea una reforma del servicio público que establecerá reglas en relación con el ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales, buscando evitar la incertidumbre y proporcionar claridad en las perspectivas de los empleados públicos.
"Se necesita clarificar eso, disminuir la incerteza y evitar que esto se traduzca en incomodidades y manifestaciones ruidosas frente al parlamento en busca de reivindicaciones", afirmó el ministro. También se reglamentará la incorporación de ciudadanos que cumplen funciones de asesores, evitando su permanencia indefinida en el sector público, una situación que ocurre con frecuencia en el ámbito del Congreso Nacional.
