Si bien el Fondo de Garantía del Paraguay (FOGAPY) ya existía con anterioridad a la pandemia, con el fin de garantizar créditos por medio de la banca estatal de segundo piso, no fue sino hasta el 2020 que se simplificó el trámite para estimular la concesión de préstamos con mayor agilidad.
Fueron unos US$ 100 millones los que se habilitaron para la administración de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), con una capacidad de apalancamiento de hasta cinco veces este monto. Es decir, la capacidad total de este fondo a efectos prácticos asciende a unos US$ 500 millones.
En este sentido, la AFD realizó su informe de garantías emitidas durante todo el 2020 y al cierre de diciembre fueron unas 20.687, según los registros. Así, las garantías emitidas a créditos fueron por valor de US$ 350 millones, lo que representa un aproximado de 70% en la ejecución de este fondo.
Desde los bancos privados y desde la misma AFD se había manifestado que en un principio la concesión de créditos con el aval estatal fue lenta, como consecuencia del desconocimiento de los usuarios y de los propios funcionarios sobre el funcionamiento de la herramienta.
Con el correr del tiempo y hacia mediados del año, la concesión con garantías se comenzó a acelerar, pero un nuevo problema que había surgido en aquel entonces fue la falta de documentación pertinente por parte de los solicitantes.
No obstante, hacia el inicio del tercer trimestre y con la paulatina recuperación de la economía, la demanda por este tipo de créditos comenzó a bajar para enfocarse a otro tipo de productos.
El Banco Nacional de Fomento (BNF) fue desde el principio la institución financiera con mayor participación en el FOGAPY, con lo cual dirigió su enfoque hacia las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
