La medida cautelar otorgada por de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que autoriza la importación de alimentos sin registro sanitario tomó por sorpresa a los titulares de poderosos gremios como la Unión Industrial Paraguaya (UIP), el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) y la Cámara de Importadores de Perfumes y Cosméticos (Caimpeco).
Ya entrada la noche, otros 16 gremios empresariales, entre ellos la Cámara de Supermercadistas, la Cámara de Anunciantes (CAP) y gremios relacionados con el comercio, importación y producción, firmaron un comunicado repudiando la medida judicial.
Lo que más llama la atención que la empresa beneficiada, en este caso, La Business, se dedicaba hasta hace poco tiempo a la importación de productos que nada tienen que ver con alimentos, como indumentarias, por citar un ejemplo. Según los denunciantes, esta empresa mantiene vínculos con el cuestionado senador colorado Erico Galeano.
La medida da vía libre a la empresa para que pueda operar sin el registro sanitario del producto alimenticio que debe ser otorgado por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN).
Por ahora, los gremios están solicitando informes tanto al ministerio de Salud, a Industria y comercio y solicitaron audiencia con la sala constitucional de la máxima instancia judicial. Entre otros puntos, exigen que la Corte resuelva en la brevedad la medida que “arbitrariamente se ha otorgado en beneficio de esquemas comerciales que evitan el cumplimiento de las normas”.
Preocupante
La Cámara de Importadores de Perfumes y Cosméticos lamenta que este tipo de medidas se continúen otorgando.
“Desde nuestra Cámara llevamos años manifestando nuestro repudio y pidiendo el apoyo a las diferentes de las autoridades. Hemos mantenido incansables reuniones con autoridades, inclusive hemos conversado y solicitado a los Ministros de la Corte que no se vuelvan a otorgar estas medias, pero con el pasar de los años se continuaron otorgando medidas contra varios decretos reglamentarios del Ministerio de Salud”, señala el comunicado emitido por la institución.
Lo más preocupante es que la Corte viene otorgando este tipo de medidas hace un tiempo, en rubros diferentes, como lo es el del registro sanitario para cosméticos y perfumes. Tal es el caso de las medidas cautelares otorgadas a Taskin SRL, Gafa S.A., recordaron.
Temerario
De atentatorio a la salud calificó el presidente del gremio de los industriales, Enrique Duarte, el fallo de la Corte a favor de la mencionada importadora de Ciudad del Este
Para Enrique Duarte la medida cautelar otorgada por la Corte a favor de una empresa asentada en Ciudad del Este para la importación de alimentos y bebidas sin el control sanitario de los productos alimenticios, que por ley deben ser otorgados por el Ministerio de Salud a través del INAN, representa un atentado al principio de legalidad y por sobre todo en contra de la seguridad alimentaria de la población.
Insistió en que si bien la cuestión de fondo no fue analizada, la medida cautelar otorgada por la Corte abrirá una peligrosa puerta y provocará solicitudes en cascada, generando el ingreso de productos alimenticios al margen de la Ley. Ante esa situación, afirmó que varios gremios adheridos a la Unión Industrial Paraguaya (UIP) recurrieron ante el Ministerio de Salud y otros organismos de control y que el mismo trámite lo harán ante la Corte.
Sorpresivo
Por su parte, el titular de los importadores agregó que la medida les pareció sorpresiva, inesperada y, sobre todo, “temeraria”. Habría de cambiar este modelo en el que uno puede esperar que en la Justicia ocurra básicamente cualquier cosa. “Nos preguntamos qué derecho de un particular puede ser más importante que la salud pública de todo un país. Aquí se está permitiendo a una empresa traer alimentos y bebidas de consumo humano sin control alguno de calidad e inocuidad, que en un caso muy extremo podrían llegar a costar la vida de un consumidor”, refirió a radio Monumental.
Tratamos de contactar con la empresa sindicada para obtener su versión, pero al cierre de esta edición no fue posible.
La piedra del escándalo
La resolución -firmada por los ministros Gustavo Santander Dans, César Diesel y Víctor Ríos- hace lugar al pedido de suspensión de los efectos del artículo 187 de la Ley 836/20 “Código Sanitario”.
Así como los articulados 4 y 5 del Decreto 1635/1999, que habla sobre las facultades del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, para otorgar registros sanitarios y percibir el arancel.
El ministro Santander votó en disidencia, por el rechazo in límine de la acción. Consecuentemente, también pidió el rechazo de la medida cautelar.
