El déficit del 1,5%: lo que no se ve... y ahora empieza a aparecer
Durante años, el déficit del 1,5% del PIB fue presentado como una señal de disciplina fiscal. Sin embargo, ese número no reflejaba toda la realidad: parte de las obligaciones se fue postergando fuera de las cuentas oficiales. Hoy, con pagos anunciados, uso de factoring y crecientes presiones sobre el presupuesto, esa deuda comienza a hacerse visible —y su costo empieza a trasladarse a la economía y a la ciudadanía.
El déficit fiscal del 1,5% del PIB suele interpretarse como un indicador de orden en las cuentas públicas. Pero, para comprender su verdadero alcance, conviene formular una pregunta básica: ¿cómo se construye ese número?
En la práctica, una parte significativa de ese "déficit bajo" se logra postergando pagos. Es decir, el Estado no cancela todas sus obligaciones en el momento en que se generan —ya sea con proveedores de medicamentos, constructoras o prestadores de servicios—, y esas deudas se trasladan hacia adelante.
Esto permite que el gasto no se registre completamente en las cuentas del año en curso. Pero la deuda no desaparece. El déficit no se reduce: simplemente se difiere.
¿Quién paga el costo?
Cuando el Estado posterga pagos, el costo no se elimina, sino que se transfiere. En primer lugar, lo absorben las empresas proveedoras —farmacéuticas, constructoras y prestadoras de servicios— que, al no cobrar a tiempo, deben endeudarse o reducir su actividad.
Luego, el impacto se traslada a la ejecución de obras públicas, que se ralentizan, se encarecen o, directamente, no se concretan. Finalmente, el costo recae sobre la ciudadanía, a través de servicios de menor calidad, demoras o mayores precios.
En otras palabras, el problema no se resuelve: se desplaza... y regresa. Es similar a trasladar gastos de una tarjeta de crédito al siguiente periodo para reducir el monto del resumen actual. La obligación no desaparece: se acumula y, con el tiempo, se vuelve más costosa.
Por ello, un déficit fiscal bajo en los papeles no siempre implica cuentas ordenadas. Puede significar, en cambio, que parte del problema está siendo diferido.
A medida que estas deudas se acumulan, el Estado enfrenta una presión creciente para cerrar la brecha. Y eso, inevitablemente, implica buscar recursos: mayor endeudamiento, refinanciamiento o incremento de la presión tributaria.
Es decir, el costo que hoy se posterga termina apareciendo. Y, en última instancia, lo paga la ciudadanía.
Cuando la deuda emerge
En los últimos días, el Ministerio de Economía anunció el pago de USD 180 millones a proveedores farmacéuticos, el uso de mecanismos como el factoring para cubrir deudas acumuladas y la creación de una comisión para monitorear estos compromisos.
A primera vista, podría interpretarse como una señal de gestión. Sin embargo, se trata de algo más profundo: la materialización de una deuda preexistente. No es un gasto nuevo, sino obligaciones que se fueron acumulando sin reflejarse plenamente en las cuentas oficiales.
Lo que hoy se paga —o se intenta financiar— es el resultado de una dinámica previa de administración. La deuda no surge ahora: simplemente comienza a hacerse visible.
El gasto no desapareció. Se postergó.
En este contexto, aparecen herramientas como el factoring, que permiten a las empresas cobrar anticipadamente a través del sistema financiero. Pero esto no elimina el problema de fondo: solo cambia el acreedor y, en muchos casos, incrementa el costo financiero.
Puede ser una solución parcial para las empresas que necesitan liquidez, pero no resuelve el desequilibrio fiscal estructural.
Transparencia y credibilidad
El punto central es que las cifras del déficit fiscal no reflejaban completamente la realidad. Y esto tiene consecuencias concretas.
La deuda acumulada ya impactó en proveedores, en el abastecimiento de medicamentos y en la calidad de los servicios públicos. Hoy, ese pasivo presiona el presupuesto y obliga a reordenar recursos.
El pago de USD 180 millones no constituye un gasto nuevo: son compromisos ya existentes. Y alguien debe asumir ese costo: a través de mayor endeudamiento, ajustes presupuestarios o, eventualmente, una mayor carga tributaria.
El debate de fondo no es si el déficit debe ubicarse en 1,5% o en 3%. El punto central es que ese indicador refleje fielmente la realidad fiscal.
Porque el déficit podía parecer bajo. Pero la deuda seguía creciendo. Y ahora comienza a evidenciarse.
Sin transparencia, no hay credibilidad. Y sin credibilidad, no hay política fiscal sostenible.