Ejecutivo reglamenta ley para fortalecer proyectos de participación público-privada
El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto N° 5441/2026, que reglamenta la Ley N° 7452/2025 "De Modernización del Régimen de Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública y la Provisión de Bienes y Servicios a cargo del Estado".
El presidente de la República, Santiago Peña escribió en sus redes sociales que el citado decreto es para potenciar la cooperación entre el Estado y el Sector privado. "Esta normativa moderniza nuestro modelo de inversión, integrando los aprendizajes ganados en estos diez primeros años de vigencia del modelo de participación público-privado y la evolución de la materia en el ámbito internacional, para garantizar seguridad jurídica y dinamismo", dijo.
Añadió en que se apuesta por infraestructura moderna y mejores servicios públicos para cada ciudadano, "y estamos convencidos de que la cooperación es el camino".
Según publicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la reglamentación busca dotar de mayor previsibilidad, transparencia y agilidad a los procesos vinculados a proyectos de infraestructura pública con financiamiento privado, fortaleciendo las condiciones para la participación de dicho sector; y el desarrollo de iniciativas estratégicas bajo el régimen de proyectos de Participación Público Privada (PPP).
El decreto del Ejecutivo, producto del trabajo coordinado de varias instituciones públicas y privadas, establece un marco operativo claro, con reglas más precisas para la estructuración de proyectos, la asignación de riesgos y el control de la calidad de los bienes y servicios del Estado, mediante indicadores de desempeño financieros y operativos, priorizando la sostenibilidad fiscal y la transparencia.
Asimismo, mediante esta acción se reafirma el rol rector del Estado, asignando al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) funciones centrales de evaluación, priorización y monitoreo de los proyectos, en coordinación con las demás instituciones públicas. Igualmente, incorpora mecanismos para la gestión de riesgos, la terminación anticipada de contratos y la protección del interés público.
Entre las principales novedades se destacan la incorporación del análisis de idoneidad temprana, mayor claridad en plazos y requisitos procedimentales, reglas para oferente único y desempate de ofertas, derecho de tanteo, pagos vinculados al desempeño y la realización de auditorías internacionales ex post.
Con esta reglamentación, sumada al grado de inversión alcanzado, se pretende impulsar las inversiones, mejorar la calidad de los servicios públicos y acelerar el desarrollo de infraestructura clave para el crecimiento económico y social del país, promoviendo reglas claras y previsibles, que generen confianza, tanto en la ciudadanía como en los potenciales inversionistas.