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En la Cámara de Diputados de Paraguay se analiza con urgencia un proyecto de ley para exonerar el impuesto inmobiliario a adultos mayores de 65 años con recursos limitados. Los legisladores que impulsan la iniciativa buscan incorporar esta excepción a la Ley Nº 7322/2024, que regula la pensión universal y otros beneficios de inclusión.
Según la propuesta, el beneficio aplicaría exclusivamente a personas mayores con una sola propiedad destinada a vivienda habitual, y cuyos inmuebles cumplan con ciertos límites de valor fiscal.
En Asunción y las capitales departamentales, el tope sería de G. 20.000.000, mientras que en localidades del interior se plantea un límite de G. 10.000.000, con revisiones periódicas.
Para evitar trámites complejos, los promotores proponen replicar un sistema ya existente: el cruce automático de datos entre el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y las municipalidades, similar al mecanismo usado para otorgar la pensión universal.
De esta forma, se pretende reducir la burocracia y simplificar la inscripción de los beneficiarios.
Los legisladores que lideran la iniciativa son Santiago Benítez, Juan M. Acevedo, José Adorno, María Ida Cattebeke, Saúl González y Jatar Fernández, todos ellos citados por medios locales como ABC Color y La Tribuna.
En su exposición de motivos, aluden a la Constitución paraguaya —artículos 6 y 57— para argumentar que el Estado debe promover una "vejez digna" garantizando el acceso a vivienda sin cargas excesivas.
Cámara de Diputados del Paraguay
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también tendría un rol clave para supervisar la correcta implementación del beneficio, en coordinación con el MDS y las municipalidades.
Los diputados explican que la pensión universal, aunque esencial, no es suficiente por sí sola si los adultos mayores deben destinar parte de ese ingreso a tributos básicos.
El proyecto ya está siendo evaluado en varias comisiones asesoras: Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Derechos Humanos; Asuntos Municipales; Familia y Personas Adultas Mayores, entre otras.
Si avanza, podría marcar un paso significativo en la política social para los jubilados más vulnerables, aliviando una carga fiscal que muchos consideran injusta.
