Constructoras aguardan reglamentación del factoraje para reducir deuda estatal
La industria de la construcción espera que el Gobierno reglamente en las próximas semanas el mecanismo de factoraje para avanzar en la regularización de la deuda que el Estado mantiene con las empresas contratistas, afirmó el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Ing. Paul Sarubbi. Explicó que, si bien se viene cumpliendo el cronograma de pagos anunciado para abril y mayo, los desembolsos solo cubren los nuevos certificados de obras generados cada mes y aún no reducen significativamente la deuda acumulada.
El titular de Cavialpa insistió en la necesidad de implementar la herramienta del factoraje, un mecanismo de compra de deuda por parte de las entidades financieras, ya que debido a los atrasos del Gobierno, las empresas constructoras siguen recurriendo a financiamiento privado para sostener la cadena de pagos en las obras y los intereses de esos préstamos continúan acumulándose. Además, los desembolsos que está realizando el Estado, que se comprometió a cubrir USD 150 millones en dos meses —abril y mayo— no tienen un impacto significativo en la deuda total, refirió el Ing. Sarubbi.
"Normalmente, cada mes entra en promedio entre USD 50 millones y USD 60 millones en certificados de obras. En estos dos meses, si se mantiene el promedio, serían USD 100 millones de deuda nueva. Y si se pagan los USD 150 millones, solo USD 50 millones servirían para amortizar la deuda acumulada", explicó.
Al cierre del 2025, el Gobierno acumulaba deudas de alrededor de USD 100 con proveedoras de alimentos, USD 350 millones con las de la industria de la construcción y más de USD 1.000 millones con las de salud. Priorizó desembolso para el primer grupo, avanzó conversación para el segundo y aún no sabe qué va a hacer con el tercero. En ningún caso dejó en cero sus compromisos, según datos de estos sectores.
El factoraje surge como una alternativa para el pago a proveedores de obras públicas, atendiendo el estrecho margen del Presupuesto General de la Nación (PGN), condicionado por el tope fiscal del 1,5% del PIB, remarcó. Precisamente, el gremio promueve un debate sobre inversión en infraestructura en un contexto de estrechez fiscal, que se desarrollará el 21 de mayo próximo en la Conmebol durante la Feria Constructecnia 2026.
Paul Sarubbi indicó que la reglamentación del factoraje involucra a asesores jurídicos de los gremios de la construcción, representantes de la banca privada, la Abogacía del Tesoro, el Banco Central del Paraguay (BCP) y otros organismos. Señaló que el proceso está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y que esperan que en una o dos semanas pueda presentarse la propuesta final.
El factoraje consiste en una operación de bancos o financieras que compran la deuda mediante el descuento de certificados de obras o facturas a cobrar (es decir, cobrando una tasa de interés). La diferencia, en este caso, será que los intereses por los adelantos no serán absorbidos por las constructoras, sino que se trasladarán directamente al Estado, para que este sistema tenga realmente el impacto deseado.
"Lo que para nosotros era primordial es que el costo del factoraje no sea cubierto por la empresa proveedora. Tiene que pagar el Estado. Y ahí es donde se dilató un poco más de lo previsto porque se tuvo que analizar una serie de mecanismos y herramientas", sostuvo Sarubbi.
El presidente de Cavialpa también recalcó que este mecanismo será menos costoso para el Estado que el arrastre permanente de la deuda. Explicó que la tasa de interés de la banca privada es inferior a la establecida por los retrasos en los pagos de obras, intereses que las constructoras también reclaman. Precisamente, de la deuda total con las vialeras, unos USD 110 millones corresponden a estos intereses.
Herramienta, no solución
Paul Sarubbi remarcó que el factoraje sería una herramienta útil para aliviar la situación financiera de las empresas proveedoras del Estado, pero advirtió que, sin una revisión del tope fiscal, será muy difícil resolver el problema de la deuda acumulada.
Explicó que el mecanismo permitiría refinanciar, por ejemplo, certificados de obras impagos a un plazo de tres años, reduciendo el impacto sobre el presupuesto y el déficit fiscal durante ese periodo. Señaló que esto otorgaría un mayor margen de maniobra al Gobierno y serviría como instrumento financiero para ordenar los pagos, aunque aclaró que su efectividad dependerá también de la recaudación y el presupuesto.
"Cuanto más se recaude, más se puede gastar, teniendo en cuenta el tope. Pero considerando la deuda con el sector de la construcción, más la deuda con las farmacéuticas y el margen fiscal del 1,5%, los números no cierran", enfatizó.
Además del tope fiscal, Sarubbi indicó que existe un descalce presupuestario en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Señaló que el presupuesto de este año para infraestructura ronda los USD 570 millones, mientras que las obras actualmente en ejecución podrían demandar cerca de USD 700 millones."Ahí nomás ya faltan USD 130 millones, que se suman a la deuda del año pasado", explicó.
Esto implica que la deuda podría seguir creciendo si no se define un cronograma de pagos que contemple las obligaciones acumuladas y el financiamiento de las obras actualmente en ejecución, de acuerdo con lo explicado.