Casas de crédito, empresas de cobranza, comercios reconocidos e incluso bancos de renombre fueron denunciados ante la comisión legislativa que investiga el descuento compulsivo de salarios hasta tres o cuatro veces por un mismo pagaré, en connivencia con estudios jurídicos, juzgados y funcionarios del Poder Judicial.
Se trata de uno de los mayores esquemas de estafa a consumidores que solicitaron créditos en efectivo o financiaciones para la compra de electrodomésticos, y que luego fueron víctimas de múltiples descuentos por una misma deuda.
De acuerdo con estimaciones preliminares del Ministerio Público, el mecanismo habría generado cientos de millones de dólares en perjuicio de los consumidores. Las denuncias no paran de crecer y ya alcanzan a unas 30.000 personas, en su mayoría funcionarios públicos, muchos de los cuales casi no perciben salario debido a los descuentos automáticos desde hace años.
Blindaje temporal de salarios
Como medida de urgencia, el Congreso sancionó una ley que blinda hasta el 50% de los salarios de los afectados mientras se resuelven los casos judiciales. El proyecto se encuentra en el Poder Ejecutivo, donde adelantaron que será promulgado.
Entre las empresas mencionadas en los documentos filtrados a los que accedió El Nacional figuran Grupo Reguera, Nexo, Inverfin, Electrofácil, Facilandia, Chacomer, además de cooperativas y entidades bancarias.
Por el momento, solo dos directivos enfrentan procesos judiciales abiertos: José Olmedo Lansac, propietario de Compañía Administradora de Riesgos S.A. (Carsa), con pedido de juicio oral, y Carlos Neffa Persano, dueño de Gestiones y Cobranzas S.A. (GECO), ambos señalados por su presunta participación en la denominada mafia de los pagarés.
Investigación lenta
Hasta ahora, apenas 19 casas de cobranza y cooperativas están bajo investigación fiscal, pese a que la comisión legislativa detectó 145 firmas involucradas.
"La mafia de los pagarés se origina en operaciones con casas comerciales y entidades financieras que, en algunos casos, triplican los cobros, aplican intereses usurarios o simulan la venta de electrodomésticos", explicó el senador Rafael Filizzola, presidente de la comisión investigadora. "Por eso, el Ministerio Público debe ampliar las pesquisas a todas las entidades implicadas", añadió.
El caso lleva casi un año y una parte significativa de las víctimas continúa sufriendo descuentos irregulares en sus salarios.
Un negocio encubierto
Las casas dedicadas a la venta de electrodomésticos aplican tasas usurarias que superan el 300%, sin que las autoridades de control establezcan límites efectivos. En realidad, el negocio principal no es la venta de productos, sino el préstamo de dinero disfrazado de financiación comercial.
Muchas familias de clase media recurren a estos planes sin advertir que el precio final puede duplicar o triplicar el valor original. A eso se suma el riesgo de sufrir múltiples descuentos por un mismo pagaré, como reveló la investigación del Congreso.
Incluso, con tal de financiar las compras, algunas empresas ofrecen "beneficios" triviales —como remeras o termos de regalo por adquisiciones superiores a G. 5 millones—, y en algunos casos se niegan a realizar instalaciones o brindar servicios si la compra se paga al contado.
El negocio financiero detrás de estas operaciones hizo que las casas de electrodomésticos se multiplicaran como hongos y que algunas se transformaran en verdaderos imperios comerciales, sustentados en un sistema de créditos con márgenes extraordinarios.