La cadena de tiendas Biggie Express emitió un comunicado en el que cuestiona la decisión del Gobierno, a través de Dinavisa y Sedeco, de ordenar el cierre temporal de sus locales, calificándola de "desproporcional" y contraria a las garantías jurídicas y derechos constitucionales.
Sostiene que, durante más de 10 años, ha sido un motor de desarrollo económico y social en Paraguay, generando más de 5.300 empleos directos, operando más de 260 locales en todo el país y trabajando con más de 500 proveedores, entre ellos productores, agricultores y microemprendedores nacionales, y nos eligen más de 4 millones de clientes mensualmente, comercializando más de 450.000 productos por día.
"Cada uno de estos números representa familias, oportunidades y un compromiso inquebrantable con nuestro país", reza una parte del comunicado.
De esta manera, califica la decisión del Gobierno como "desproporcional" y que "atenta contra las garantías jurídicas y los derechos constitucionales que protegen la libre competencia, la actividad empresarial y el trabajo digno", refiere.
No obstante, insisten en que "la orden de cerrar nuestros locales no solo carece de precedentes en situaciones similares o incluso más graves, sino que constituye un acto de abuso de poder que genera un daño irreparable a trabajadores, proveedores, clientes y a la economía nacional".
"El Paraguay es un Estado de Derecho, y ello implica que las decisiones de la autoridad deben estar fundadas en la ley, ser proporcionales y respetar los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Cerrar indiscriminadamente a una empresa, sin un debido proceso que garantice defensa y equilibrio, sienta un peligroso precedente para todo el sector privado", cuerda.
Asimismo, "rechazamos de forma categórica esta medida impuesta que no solo afecta a nuestra empresa, sino que también a miles de familias paraguayas que dependen directa o indirectamente de nuestra operación".
También reafirmó su compromiso de seguir sirviendo a clientes, sosteniendo a trabajadores y fortaleciendo a proveedores, al tiempo de solicitar respeto a los principios de legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica.
"Nos vemos obligados a cerrar nuestras puertas de manera temporal, pero volveremos, con la misma convicción de siempre: servir a nuestros clientes, sostener a nuestros trabajadores, fortalecer a nuestros proveedores y seguir apostando por el crecimiento económico y social del Paraguay", acotó.
Y concluyó con "exigimos el restablecimiento inmediato de nuestras operaciones y el respeto a los principios de legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica que deben regir en todo Estado democrático".


