EconomíaNuevas medidas
El Decreto N.º 3846, firmado el 7 de mayo último por el presidente Santiago Peña Palacios, establece reglas claras para la implementación práctica de la Ley N.º 7438/2025, que modifica y amplía la Ley N.º 1016/1997, que regula la explotación de juegos de azar en Paraguay. La normativa tiene como objetivo combatir el juego clandestino y mejorar la fiscalización del sector.
Lorena Rojas, presidenta de la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (Apoja), destacó que se trata de un avance significativo para el sector, pues el rubro se encontraba operando en un marco legal obsoleto. "Ahora todos los municipios tienen 30 días para reportar a la Dirección General de Juegos de Azar los permisos concedidos, detallando el tipo de juego autorizado y el canon percibido", explicó.
La Dirección General de Juegos de Azar reemplaza a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), y fue incorporada a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), cuyo titular es Óscar Orué. Esta reestructuración busca fortalecer la capacidad de control del Estado. Conforme a los datos de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), son 263 municipios que deberán presentar informes.
Rojas recordó que los municipios son responsables de otorgar licencias para salas de juegos de azar, que operan principalmente con máquinas tragamonedas. A partir de ahora, esos negocios deberán ajustarse a nueva exigencias tecnológicas. "Los sistemas de los concesionarios deberán estar conectados en línea o en tiempo real con la autoridad reguladora", puntualizó. Precisó que así se establece en el artículo 5 del mencionado decreto.
Además, todos los dispositivos y sistemas deberán contar con la certificación emitida por una entidad de inspección debidamente acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación (ONA), la cual no deberá tener vínculos con el sector. Esas exigencias son obligatorias para operar, levantar apuestas de manera legal.
Reforma institucional y fin de monopolios
Uno de los principales cambios aplicados con la reforma es la transformación de Conajzar en Dirección General de Juegos de Azar, ahora dependiente de la DNIT. Esta transformación apunta a optimizar las funciones de planificación, regulación, control y fiscalización en el sector.
"La Dirección de Juegos de Azar, en coordinación con la DNIT, tiene potestad de incautar los elementos utilizados en apuestas clandestinas", afirmó Rojas.
La representante de Apoja también subrayó que los juegos de azar representan una actividad económica de gran relevancia, esencial para el crecimiento monetario y la financiación de otros sectores del país, pero con un impacto social que no debe ser desatendido. En este contexto, Rojas celebró que la normativa acertadamente contempla destinar parte de la recaudación para financiar la atención sanitaria que brinda la Dirección de Beneficencia (Diben).
"Combatir el juego ilegal y formalizar la actividad permitirá una mayor recaudación y, con ello, más recursos para atender a los sectores más vulnerables", sostuvo. Otra de las novedades relevantes es el fin del monopolio de la quiniela y de las apuestas deportivas. Esta decisión fue avalada por la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), en cumplimiento de la Ley N° 4956 de la Defensa de la Competencia.
