El contexto de incertidumbre exigió un mayor gasto por parte del Estado para reactivar la economía y proteger a la población vulnerable, lo que ante el escaso espacio fiscal, condujo a que la deuda pública ascendiera a US$. 11.015,5 millones a septiembre, 24,3% mayor a la registrada al cierre del 2019.
Con ello, la deuda por habitante es de US$.1.536,3 (unos G.10,7 millones al tipo de cambio actual) cifra 22,6% superior al sado del año pasado y 1,4 veces superior a la del 2013, de acuerdo a los economistas de la consultora Mentu.
Analizando por origen, la deuda externa ascendió a USD. 9.436,3 millones, acumulando un aumento de 30,4% debido principalmente al incremento de los bonos internacionales y préstamos de organismos multilaterales y bilaterales. En contrapartida, la deuda interna alcanzó USD. 1.579 millones, disminuyendo 2,6% con relación al cierre del año anterior.
De esta manera, las obligaciones del Estado representaron 31,3% del Producto Interno Bruto (PIB), superando el límite de prudencia por 1,3 puntos porcentuales. A modo de preservar la sostenibilidad fiscal y macroeconómica del país se debería mejorar la eficiencia del gasto público, así como aumentar la formalización para ampliar los ingresos estata.
El rápido incremento de la deuda no se refleja en una mejoría de servicios públicos que debe otorgar el Estado como contraprestación en térmicos de calidad. Así, la población debe pagar impuestos indirectos en áreas sensibles como salud, educación y seguridad en el sector privado.
Gasto público
Organismos inrernacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y calificadoras de riesgo vienen llamando la atención sobre el acelerado crecimiento de la deuda pública. Para lo que queda del Gobierno de Mario Abdo Benítez, se avisora déficit fiscal, es decir, más gasto que recaudación, un gasto público muy mal ejecutado por cierto donde gran parte de los impuestos se destina a engordar la burocracia estatal.
Desde la Adminsitración Central se viene hablando de mejoría del gasto público, pero el rosario de beneficios para algunos privilegiados del Estado ligados a los círculos de poder político siguen intactos.
A esto hay que sumar el dinero que se pierde en los caminos de corrupción endémica -sobre todo en las compras públicas- y en instituciones que en vez de colaborar con la mejora de calidad de vida, están más bien para mantener la maquinaria prebendaria, como el caso de la Gobernaciones.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Paraguay pierde unos US$ 1.700 millones añ año en cuanto a dinero público.
La pandemia Covid-19 colaboró y mucho para que el actual Gobierno sea el de peor resultado en materia económica de la era democrática; Paraguay venía creciendo a un ritmo de 4,5% en la última década. El año pasado fue de 0% y este año se esra -1.5% una caída atenuada por el buen momento de agronegocio, un sector con efectos limitados sobre la economía real de gran parte de la población.
