Fitch no ubica a Paraguay en grado de inversión y cuestiona la ley “Anti ONG”

La agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings decidió mantener a Paraguay la calificación actual y no elevarla al grado de inversión, así como realizó recientemente Moody’s. En el informe, si bien se destaca el desempeño económico y algunas reformas institucionales, expone que existe aún una gobernanza débil y proyectos controversiales de la agenda oficialista como la Ley “Anti ONG”, que pondría en peligro las libertades, según menciona.

Fitch Ratings decidió mantener la calificación de incumplimiento de emisor (IDR) de Paraguay en moneda extranjera a largo plazo en ‘BB+’ con perspectiva estable, tras una revisión anual.

En su reporte, la calificadora destacó el historial de políticas macroeconómicas prudentes del país, su baja deuda gubernamental en comparación con otras naciones con calificaciones similares y una liquidez externa sólida. Sin embargo, mencionó como limitaciones la débil gobernanza, la baja base de ingresos y la vulnerabilidad a shocks climáticos.

También, Fitch anticipa que el crecimiento de Paraguay se mantendrá sólido, alcanzando un 4,5% en 2024, ligeramente por debajo del 4,7% proyectado para 2023. Mientras que el crecimiento de 2023 fue impulsado por la recuperación agrícola y eléctrica tras la sequía, en 2024 será liderado por los sectores manufacturero y de servicios.

La calificadora pronostica que el crecimiento se mantendrá estable en 4,5% hasta 2026, con importantes proyectos de inversión como la planta de celulosa Paracel y el proyecto de fertilizantes ATOME.

No obstante, a pesar del avance, Fitch advirtió que Paraguay sigue siendo vulnerable a fenómenos climáticos adversos, como la baja histórica del nivel del río Paraguay, lo que aumenta los costos logísticos y los riesgos de transporte para los exportadores.

Fitch prevé que el déficit del gobierno central se reducirá al 2,6% del PIB en 2024, impulsado por un aumento en la recaudación fiscal del 21% interanual hasta septiembre de 2024. Las autoridades estiman un déficit de 1,9% en 2025, con un retorno al límite fiscal del 1,5% en 2026, enfocado en la eficiencia del gasto y una mejor administración tributaria, sin recurrir a aumentos impositivos.

Reformas

Fitch también explica que: “El gobierno ha anunciado una agenda de reformas destinadas a mejorar la eficiencia institucional, garantizar la transparencia y combatir la corrupción. Una prioridad clave este año es aprobar una ley de servicio civil diseñada para establecer una mayor meritocracia dentro del servicio público. El gobierno también está creando una superintendencia de pensiones, aprobada el año pasado, para abordar problemas de larga data en el sistema de pensiones. Para fines de año, el gobierno planea presentar una reforma integral del marco regulatorio que rige el registro de la propiedad inmobiliaria”.

“Los esfuerzos para combatir la corrupción también son una prioridad, con políticas para fortalecer la Contraloría General de la República e iniciativas legislativas para crear una entidad autónoma dedicada a combatir la corrupción. Sin embargo, el Congreso también está considerando una reforma controvertida que aumenta la supervisión de las organizaciones no gubernamentales, lo que puede debilitar las protecciones a la libertad de asociación y expresión”, menciona el informe.