Estabilidad laboral, mitos y verdades

El Gobierno sembró la polémica una vez más con una iniciativa que busca modificar el Código Laboral y suprimir el beneficio de la estabilidad laboral para trabajadores del sector privado. Argumentan que esto contribuye aún más al desempleo, sin mostrar estadísticas que lo sustenten. Abogados rechazan suprimir un derecho que resulta constitucional.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anticipó este jueves que impulsará una revisión del marco laboral en el país, con la intención de cumplir su promesa de campaña de generar 500.000 nuevos empleos.

“La decisión es que si nosotros queremos alcanzar esos 500.000 empleos, nosotros debemos generar cambios profundos dentro del marco laboral que generen las condiciones para mantener los empleos que tenemos”, declaró el gobernante a periodistas, al término de su participación en la Expo Negocios 2024.

En ese sentido, aseguró que este asunto es parte de un diálogo que su Gobierno mantiene con centrales obreras, sindicatos, empresarios y gremios. Peña anticipó, sin entrar en detalles, que entre los “ajustes” que prevé introducir está uno referido a la estabilidad de los empleados.

Según el Código Laboral paraguayo, cuando un trabajador cumple 10 años ininterrumpidos de servicios con el mismo empleador, “adquiere estabilidad en el empleo”, lo cual activa una serie de supuestos exigidos por ley ante un posible despido.

Mora judicial

Mónica Recalde, ministra del Trabajo, explicó a la 780 AM que el Gobierno apunta a la modernización de las relaciones laborales, pues existen muchas lagunas en el Código Laboral por estar desfasado.

La titular de empleo indicó que la estabilidad laboral después de los 10 años es absoluta, que hace que no se le pueda despedir a un empleado, salvo previo juicio y allí entra el retardo de justicia. Muchos casos demoran entre 5 y 8 años la solución y además crea por lo general disconformidad entre las partes tanto empleadora como trabajadora.

«El mundo laboral tiene tres patas: el Gobierno, los sindicatos y el sector empresarial. El debate recién se abre y nos sentaremos a dialogar en mesa de análisis con toda las partes», expresó.

Según Recalde, la idea es colocar al trabajador en el centro de la atención y evitar desgastes grandes en la solución de conflictos.

“Se le va a pagar más, la doble indemnización, lo que se busca es evitar la judicialización (si se lo echa al empleado después de los 10 años)”, señaló.

Debate es necesario, dice senador

En ese sentido, el senador Eduardo Nakayama se mostró de acuerdo con la discusión del tema, pero enfatizó en dejar de lado las diferencias entre el sector público y privado.

“Pienso que hay que ver de que se trata, cuando estamos hablando de cambios mucha gente pega el grito al cielo y se preocupa. Yo no tengo problema a estudiar los cambios, siempre y cuando se busquen condiciones iguales para todos”, reflexionó Nakayama.

No obstante, indicó que el sector privado no goza de los mismos derechos y “privilegios” del sector público, haciendo referencia no solo a un mejor promedio laboral, sino a otras condiciones. “A los dos años ya son inamovibles y eso no puede ser”, enfatizó.

Con respecto a los supuestos beneficios o desventajas que se tendrían con las modificaciones que se pretenden desde el Ejecutivo, el senador sostuvo que muchos países europeos, conocidos por su calidad “social democráta”, tienen leyes laborales muy flexibles.

“No es que teniendo más leyes vas a tener más trabajo, a veces es lo contrario, lo que debemos buscar es que más paraguayos accedan a un trabajo digno”, remató.

Derecho humano y constitucional

La abogada Alejandra Peralta de Merlo, utilizó sus redes sociales para explicar que la estabilidad laboral no se puede eliminar porque es un derecho humano protegido y dijo al presidente de la República, Santiago Peña, que está siendo mal asesorado.

“Eliminar la estabilidad laboral, reconocida como un derecho humano, de nuestra legislación interna, nos llevaría a un incumplimiento directo de nuestras obligaciones como Estado frente a los tratados internacionales de derechos humanos. Y usted sería el principal responsable de esa violación”, escribió.

Se preguntó de esta manera que los asesoran actualmente “desconocen los estándares básicos en materia de derechos humanos en relación con el art. 26 de la Convención Americana y el art. 6 del Protocolo de San Salvador y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, advirtió.

En este sentido, explicó que la estabilidad laboral es un derecho humano, un derecho especialmente protegido por la Convención Americana, por el Protocolo de San Salvador y por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Paraguay tiene la obligación de respetarlo y garantizarlo.

Ante esto, se ofreció a colaborar de manera gratuita y desinteresada con quienes lo están mal asesorando.