Combustible búnker se puede almacenar en tanques que sumen 16 millones de litros, aclara el MIC

El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, aclaró este viernes que las condiciones establecidas en el decreto 1952, sobre el combustible búnker, contemplan que los 16 millones de litros de capacidad de almacenamiento requerida a los emblemas, sea la sumatoria de varios tanques de menor capacidad.

Esto, tras el polémico decreto presidencial, que ocasionó la reacción del emblema Shell, firma que analizaba la posibilidad de dejar Paraguay. Muchos empresarios manifestaron su disconformidad. Luis Ortega, director Ejecutivo de Raizen Shell, habló con la Megacadena, dijo que es inadmisible la decisión que ha tomado el presidente y que aparentemente se “encuentra mal asesorado”.

Giménez descartó que el decreto privilegie al emblema estatal Petropar, que es la única del mercado, que tiene un tanque con capacidad de 16 millones de litros de almacenamiento.

“El decreto establece que los emblemas tienen que tener tanques de almacenamiento que sumen 16 millones de litros; el decreto habla de tanques”, remarcó el ministro.

Reiteró que lejos de querer privilegiar al emblema estatal, el objetivo del decreto del Ejecutivo es combatir la competencia desleal que se genera en el mercado interno por causa de la filtración hacia las estaciones de servicio del combustible búnker, que está destinado exclusivamente a las barcazas que operan en los ríos.

Giménez indicó que este combustible, que no paga impuestos porque ingresa al país para volver a salir en las barcazas, genera una situación de competencia desleal cuando se filtra en el mercado interno y se comercializa en las estaciones de servicio.

«Son 130.000 litros que ingresan en sistema búnker, que representa unos 20 millones de dólares que se dejan de pagar en impuestos. Gran parte de eso se quedaba en el territorio y se vendía en las estaciones de servicio a un precio diferenciado que hacía una competencia desleal», explicó el ministro.

Añadió que lo que quiere hacer en esencia el decreto es establecer unas mínimas condiciones técnicas para que la carga a los buques no se realice más como actualmente se realiza “en cada pedazo de barranco que hay en los ríos”, donde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios no puede controlar si efectivamente ese combustible volvía a salir o si se filtraba al mercado interno.