Orué veta ingreso de mercaderías sin registro sanitario

A través de la Providencia GGA N.º 498/8224 del 25 de marzo pasado, la Dirección Nacional de Ingresos no Tributarios (DNIT) cerró la canilla para la importación de productos sin registro sanitario a empresas como Bega, Vargos SA, La Business, Bambú, Michigan, Vancouver, La Roma y otras que habían acudido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para seguir ingresando mercadería sin trazabilidad al país.

La empresa Bega import- export es la que venía insistiendo ante la máxima esfera judicial. El tema se venía arrastrando hace varios años en esferas judiciales; y este año poderosos gremios como la Unión Industrial Paraguaya (UIP), el Centro de Importadores del Paraguay y la Cámara de Importadoras de Perfumes y Cosméticos (Caimpeco), golpearon la mesa.

Las empresas operaban con medidas cautelares que ya no se encuentran vigentes y a pesar de ello seguían importando e ingresando las mercaderías amparadas por acciones de inconstitucionalidad de viejas, explico la representante del gremio, Luján García de Zúñiga,

Por su parte, Juan Pablo Jaeggli, titular de la Cámara, celebró la decisión tomada por el equipo jurídico director de Aduanas, Óscar Orué. “Por fin, después de muchos años logramos aclarar esta situación”, subrayó.

Amparos caducados

A su vez, el titular de la DNIT aclaró que algunos de los amparos ya habían caducado, lo cual produce competencia desleal, aparte de poner en riesgo a la salud de los consumidores paraguayos. Orué espera que la Corte Suprema de Justicia se ponga a tono a fin de salvaguardar las inversiones y preservar la seriedad del país.

De igual manera, sigue preocupando a los gremios la falta de controles sanitarios para importadoras de cosméticos permite que ingresen productos de contrabando o falsificados, lo cual constituye toda una mafia.

La semana pasada, antes de conocerse la resolución de la DNIT, la abogada Luján García de Zúñiga, Asesora Externa de la Cámara de Perfumes y Cosméticos, en entrevista con Radio 1000, recordó que empresas que se dedican al rubro recurren a acciones de inconstitucionalidad y obtienen medidas cautelares para importar productos y comercializarlos en el mercado local, sin que estos hayan pasado por control sanitario alguno.