Sugestivo retraso judicial privilegia a funcionarios de Cargill

Llama la atención la lentitud con la que el juzgado de apelaciones en lo penal retrasa la imposición de medidas altos funcionarios de la multinacional Cargill en Paraguay en un caso en el que están imputados por estafa y que ya sea arrastra por dos años.

Se trata de una denuncia impulsada por la firma La Paraguaya Express, que reclama el pago por una entrega de granos valuada en unos USD 650 mil, con los intereses y otras costas, el monto solicitado orilla el millón de dólares.

Lo sugestivo es que mientras al tercer imputado en el caso, el representante de la firma  Ágape, Celio Ramón Ortiz, se le impuso medidas alternativas a la prisión (al menos), los funcionarios de Cargill siguen ilesos.

Esto llamo la atención tanto del ministerio Público como de la querella adhesiva. A finales del año pasado, directivos de La Paraguaya y la propia fiscal del caso fueron hasta el juzgado para averiguar la lentitud del proceso que beneficia a los funcionarios de Cargill.

La Fiscalía y la querella adhesiva sostienen su posición en un documento denominado mandato irrevocable de pago, mediante el cual Cargill   El representante legal de Cargill, en nuestro país, Marcelo Boo, no ha podido justificar en la carpeta fiscal el motivo por el cual no se ha cancelado la deuda con La Paraguaya Express por la soja entregada, tampoco ha podido justificar si el mandate contaba con línea de crédito suficiente al momento de la firma del mandato irrevocable de pago.

Versión Cargill

Tras una prolongada insistencia y ante la negativa de la oficina local en dar su versión, Cargill se habría expedido sobre el caso en febrero pasado, desde el exterior.

En ese entonces, entre otros puntos, señaló: “Cargill Agropecuaria S.A.C.I. no puede responder por un contrato del cual no formó parte. La instrucción de Ágape S.A., a través de un mandato irrevocable de pago, a Cargill Agropecuaria S.A.C.I. indicaba pagar a La Paraguaya S.A. siempre y cuando se haya cubierto la totalidad de la deuda que Ágape S.A. tenía con Cargill Agropecuaria S.A.C.I., cosa que nunca ocurrió. Todo esto consta en la carpeta fiscal”.

Hablando de Fiscalía, la agente Elena Fiore, quien lleva adelante la pesquisa, libró varios oficios a fin de que la empresa remita informes relevantes para el esclarecimiento de los hechos; sin embargo, hasta la fecha no se ha cumplido en su totalidad, lo cual podría constituir un desacato en materia judicial.