Ambiente político en Paraguay y su impacto en la economía local

El panorama político actual en Paraguay está marcado por diversos acontecimientos que podrían tener repercusiones en la estabilidad económica del país. El economista Stan Canova, en un análisis para El Nacional, señaló que los recientes escándalos, como la expulsión de Kattya González del Senado y las imputaciones contra Mario Abdo Benítez y exfuncionarios de su gobierno, podrían afectar la evaluación de las calificadoras de riesgo y la actividad económica en general.

Canova destacó que situaciones similares en otros países de la región han llevado a una percepción negativa por parte de las calificadoras de riesgo, lo que ha tenido impactos en la economía. Sin embargo, también mencionó que el proceso democrático que llevó al actual Congreso, elegido en abril de 2023 bajo reglas de voto directo, refleja la voluntad del pueblo y la legitimidad de las decisiones tomadas.

En cuanto al caso de Kattya González, el economista considera que no es un elemento que pueda desestabilizar la economía, ya que fue el resultado de un juicio político respaldado por la mayoría del Congreso, siguiendo prácticas aplicadas anteriormente.

En relación con las imputaciones contra Mario Abdo Benítez y otros funcionarios, Canova no ve un riesgo inminente para el gobierno actual, liderado por Santiago Peña, debido a la composición del Poder Legislativo y la falta de una oposición sólida. Esto contrasta con situaciones anteriores en las que un Congreso hostil podría haber generado constantes amenazas de destitución para el presidente.

Por otro lado, se destaca una alianza entre Paraguay y Costa Rica para distribuir productos paraguayos en Centroamérica bajo el sello Hemp Guaraní. Esta iniciativa podría tener un impacto positivo en la economía al abrir nuevos mercados y promover productos nacionales en la región.

En términos políticos, Canova sugiere que tanto la oposición como el oficialismo deben trabajar en ofrecer una mejor oferta política y resolver problemas internos de manera más efectiva. Además, insta al oficialismo a depurar sus filas de personas implicadas en actividades delictivas para fortalecer la confianza pública y evitar posibles afectaciones al factor de riesgo político evaluado por las calificadoras.