Granjas ilegales de critpmonedas generan pérdidas de G. 4.000 millones

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ha intensificado su lucha contra las fábricas ilegales de criptomonedas en Paraguay, tras realizar siete intervenciones en lo que va del año 2024. Estas operaciones han revelado pérdidas significativas para la empresa estatal, con un total de G. 4.100 millones mensuales dejados de facturar debido a conexiones irregulares que desvían la energía para alimentar estas actividades clandestinas.

Félix Sosa, titular de la ANDE, ha destacado la gravedad del problema, señalando que desde el 2022 han llevado a cabo un total de 60 intervenciones en minerías ilegales de criptomonedas. Las recientes incursiones, especialmente concentradas en el Departamento de Alto Paraná, han puesto de manifiesto la magnitud del fraude y las repercusiones financieras que acarrea.

Las pérdidas económicas no solo afectan a la ANDE, sino que también repercuten en la calidad del servicio para los ciudadanos, ya que estas instalaciones irregulares comprometen la infraestructura eléctrica y pueden causar interrupciones en la red de distribución.

El método de detección de estas actividades ilegales ha sido fortalecido con la implementación de un sistema basado en inteligencia artificial (IA) por parte de la ANDE. Este sistema analiza el consumo de energía en las líneas de alimentación y detecta cualquier variación sospechosa que pueda indicar la presencia de fábricas clandestinas de criptomonedas. Una vez identificadas estas anomalías, se procede a realizar intervenciones en el terreno en coordinación con el Ministerio Público para llevar ante la justicia a los responsables del robo de energía.

A pesar de los esfuerzos de la ANDE por combatir estas prácticas ilegales, Félix Sosa reconoce el daño considerable que causan a la empresa y al país en su conjunto. Para abordar esta problemática, la ANDE ha establecido una tarifa especial para las fábricas legales de criptomonedas, que operan dentro del marco legal y pagan en dólares. Sin embargo, este enfoque no resuelve el desafío de las operaciones ilegales, que continúan representando una amenaza para la estabilidad del suministro eléctrico y la integridad del sistema financiero.