Economía
MEF gestiona adelanto de corto plazo para cubrir deuda pendiente y prioridades del 2023
Carlos Fernandez Valdovinos, ministro de Economía y Finanzas. Foto: Gentileza.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aguarda la emisión de un decreto por parte del Poder Ejecutivo para iniciar gestiones ante el Banco Central del Paraguay (BCP) con el objetivo de obtener un adelanto de corto plazo. Esta medida tiene como fin cubrir parte de la deuda flotante correspondiente al ejercicio 2023, así como atender gastos prioritarios del gobierno.
Los técnicos del MEF indicaron que, una vez recibida la autorización ejecutiva, se iniciarán las negociaciones con las autoridades del BCP. Aunque aún trabajan en determinar el monto final necesario para cumplir con las obligaciones pendientes, aseguran que la solicitud al banco central no excederá los US$ 300 millones.
La recaudación tributaria en los primeros días del mes ha sido positiva, lo que podría influir en la disminución del monto necesario para el adelanto. Los técnicos subrayaron la importancia de evitar costos innecesarios para el Tesoro Público.
En los últimos dos años, el Tesoro no solicitó adelantos debido a las altas tasas de interés propuestas por el BCP. La Ley N.º 489/1995 autoriza a la entidad bancaria a conceder adelantos de hasta el 10% de los ingresos tributarios presupuestados, cifra que para este año equivale a poco más de G. 3,4 billones (US$ 467,9 millones).
La devolución de los recursos al BCP y el pago de la tasa de interés, fijada por el directorio del banco central, deben realizarse antes del 31 de diciembre de este ejercicio. Estos fondos se destinarán a financiar parte de la deuda pendiente correspondiente al 2023 y gastos prioritarios.
La cartera de Economía estima que la deuda flotante con proveedores de bienes y servicios rondaría los US$ 250 millones. Paralelamente, el MEF está preparando la colocación de bonos soberanos en el mercado internacional, evaluando las condiciones del mercado para determinar el mejor momento. La emisión podría alcanzar hasta US$ 600 millones para saldar deudas con constructoras y farmacéuticas, así como cumplir con vencimientos de deuda mediante la administración de pasivos o “bicicleteo”.
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