Nueva ley económica propone plazos más largos para deudas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha explicado que la ley de medidas económicas extraordinarias, presentada por el Ejecutivo, tiene como objetivo llevar a cabo una reestructuración de las finanzas públicas, lo que implicaría la extensión de plazos para el pago de deudas existentes. Se hace hincapié en la necesidad de optimizar los gastos y mejorar la administración de los recursos públicos.

El viceministro de Administración Financiera y ministro de Economía y Finanzas (MEF) en funciones, Óscar Lovera, discutió la ley que establece medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas. Lovera enfatizó que no se trata de contraer nuevas deudas, sino de reestructurar las deudas ya existentes.

La propuesta del Ejecutivo busca utilizar la emisión de bonos y una mejor gestión de los créditos contemplados en la ley de presupuesto actual para cubrir las deudas heredadas del gobierno anterior y mejorar la administración financiera del Estado. Lovera aclaró que se trata de estructurar las deudas existentes y no de crear una nueva carga financiera.

“En algunos casos, hemos identificado deudas de larga data. Queremos llevar a cabo una reorganización que nos permita extender los plazos de pago y gestionarlas de manera más efectiva durante nuestra administración”, explicó el viceministro.

En cuanto a los compromisos con los proveedores del Estado, Lovera señaló que cuentan con un presupuesto asignado para estos rubros, pero están considerando establecer un plan de pagos que permita una liquidación más efectiva de las deudas pendientes. También expresó la necesidad de reorientar el gasto de capital e inversión hacia las prioridades, ya que surgen diversas necesidades que deben ser atendidas.

“Estamos buscando flexibilidad para responder a todas estas necesidades, mientras trabajamos diariamente en la priorización de proyectos para el nuevo gobierno”, afirmó Lovera. Además, destacó que es crucial optimizar el gasto público, dado que el 88% del presupuesto se destina a gastos rígidos, lo que deja poco margen para adaptarse a nuevas demandas y desafíos económicos.