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Economía

Ejecutivo plantea subir a 4% retenciones de renta empresarial a proveedores del Estado

Deducción de impuestos. Foto: Gentileza

Deducción de impuestos. Foto: Gentileza

La iniciativa de “medidas extraordinarias” en la retención a cada contribuyente que sea proveedor del Estado ascenderá de 3% al 4% del precio total de las ventas realizadas. La disposición será aplicable hasta diciembre de 2023.

Oscar Lovera, viceministro de Administración Financiera, argumentó que se busca asegurar los recursos para financiar el presupuesto de lo que resta de este año. Dijo que los ingresos tributarios están creciendo a un ritmo del 4% y no del 8% que era lo estimado.

En su artículo 14, el Proyecto de Ley “Por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas”, estipula que las entidades del sector público, excluidas las Municipalidades y las Gobernaciones, deberán actuar como agentes de retención en todas las ocasiones en que los contribuyentes del Impuestos a la Renta Empresarial RG (Régimen de liquidación impositiva por resultado contable) y el SIMPLE (Régimen Simplificado para Medianas Empresas) actúen como proveedores de bienes y de servicios.

La iniciativa presentada el martes por el Ejecutivo estipula que la retención a aplicar a cada contribuyente que sea proveedor del Estado ascenderá al 4% (actualmente es del 3%) del precio total de la venta realizada, en la oportunidad en que se efectúe cada pago.

Este importe retenido será imputado como anticipo del Impuesto a la Renta Empresarial. No obstante, la propuesta aclara que no se practicará la retención mencionada cuando el monto de venta o la prestación de servicio, excluido el IVA, sea inferior a un salario mínimo para actividades diversas no especificadas.

“A los efectos de la aplicación de esta disposición, constituyen una sola operación todas las adquisiciones que se realicen a un mismo proveedor en la misma fecha, siendo irrelevante el número de facturas utilizadas”, refiere el proyecto de Ley.

El documento también dice que la responsabilidad asignada a los organismos de la Administración Central, la ejercerá por delegación la Dirección General del Tesoro Público, en el momento de la transferencia de recursos, y deberán para el efecto constar en la solicitud de traspaso de fondos correspondiente, la retención impositiva respectiva.

En el artículo el Ejecutivo señala que esta disposición será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2023, posteriormente se aplicará las disposiciones de carácter general vigentes antes de la entrada en vigor de la normativa.

Alba Talavera, del Colegio de Contadores del Paraguay, explicó que en la actualidad la retención es del 3%, es decir, subiría 1% hasta fin de año. Sostuvo que a las empresas a las se le retienen lo van a utilizar en el próximo ejercicio fiscal, “es retención de rentas computable, pero era 3% ahora sube a 4%, hay que saber el motivo o el argumento de la suba”.

La profesional reiteró que no existe una pérdida, ya que es una renta que se va a utilizar en la liquidación de la renta empresarial el próximo ejercicio fiscal. Talavera reconoció que no estaba enterado de esta propuesta de modificación.

Buscan financiar el presupuesto de este año

Por su parte, Oscar Lovera, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), comentó que con esta medida se busca asegurar los recursos que se necesitan para financiar el presupuesto de lo que resta de este año.

“Hay que tener en cuenta también que a nosotros se nos suma los compromisos del mes de diciembre, por ejemplo, entonces ahí los requerimientos financieros son muchos más altos y lo que queremos asegurar es que haya recursos para cumplir con todas las obligaciones que tiene el Estado”, afirmó.

El viceministro enfatizó que los ingresos tributarios para financiar el presupuesto aprobado tenían una dinámica esperada de crecimiento del 8% y finales de julio se está registrando un crecimiento de solo el 4%.

Por último, cabe recordar que con la citada iniciativa, el Ejecutivo busca principalmente la autorización para emitir deuda por USD 600 millones y honrar compromisos pendientes con farmacéuticas y constructoras.

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