Economía
Fiscalía investiga a funcionarios de Cargill en caso de supuesta estafa
Imagen de referencia.
Trascendió desde el Ministerio Público que la fiscala Elena Fiore remitió oficios de modo a conocer las actuaciones de Alejandro Pozzo y Tamara Serrati, director general y apoderada general de Cargill en Paraguay, respectivamente en el caso de incumplimiento de contrato por alrededor de USD 650 mil correspondiente al pago de un cargamento de granos de soja a favor de la firma La Paraguaya Express, lo cual derivó en la apertura de una carpeta fiscal por estafa.
El viernes pasado se presentó a indagatoria el propietario de la empresa intermediaria en esta operación Ágape, Celio Ramón Ortíz Gullón, en compañía de su abogado frente a la fiscala Fiore, de la Unidad Penal 4.
La agente del Ministerio Público comentó que Ortíz arrimó documentos al tiempo de referir que funcionarios de la multinacional Cargill en Paraguay estaban al tanto de su delicada situación financiera y que le ofrecieron una salida, que finalmente no cumplieron.
“Trajo una serie de contratos y documentos de la serie de la negociación y sus antecedentes; dijo que en todo momento tuvo intención de pagar a La Paraguaya Express, pero Cargill no liberó la línea de crédito que le prometieron”, precisó Fiore.
No pudo dar más detalles del proceso aparte de que serán llamados a testificar directivos y funcionarios a cargo de Tamara Serrati, apoderada general de Cargill en Paraguay. “Una vez que tengamos todos los elementos para analizar veremos si procede una imputación”, agregó.
Por su parte, en conversación con la prensa, Ortíz comentó Karina Rejala (de La Paraguaya Express) y Tamara Serrati acordaron la operación de entrega de granos con un mandato de pago irrevocable de por medio. Sin embargo, llamativamente al entregar los granos Cargill cambió de postura.
Antecedentes
Se trata de una causa denunciada por la empresa de agronegocios La Paraguaya Express que entregó cargamentos de soja a la multinacional Cargill a través de una operación con otra empresa, en este caso, Ágape, que pese a estar quebrada seguía operando en un esquema comercial llamativo con Cargill.
La directora de La Paraguaya Express, Karina Rejala, había acercado hasta la redacción de El Nacional copias de contrato y otros documentos supuestamente incumplidos por parte de la multinacional Cargill y que guardan relación con la entrega de granos.
La Paraguaya Express trabaja con el rubro la de soja y había recibido un pedido de otra empresa acopiado Ágape por alrededor de 650 mil dólares. Supuestamente La Paraguaya analizó la situación crediticia de Ágape para respalda la operación ya que no estaba en condiciones. Esa garantía fue un documento de mandato de pago expedido desde Cargill, explicó la fiscala.
Inmueble
Por otro lado, la propiedad ubicada en San Pedro que tiene Cargill a favor de la misma está siendo alquilada y mecanizada para la plantación sin ser aún rematada no tomando así el cumplimiento del juicio que ya tenían con Ágape S.A.
Siempre según la empresa afectada, esta propiedad de San Pedro fue ofrecida por Cargill para saldar la deuda, con lo cual La Paraguaya Express no dio lugar ya que había muchos más acreedores esperando a ser rematado y Cargill tiene la prioridad de remate.
Una de las apoderadas generales de Cargill tiene propiedad al lado de ésta de Ágape con lo cual se desconoce quién dio la orden de que se alquile la misma para intereses de terceros, aseguran.
La fiscalía también remitió oficio de modo a interiorizarse del historial de operaciones entre Ágape y Cargill y las hipotecas.
Los representantes de Cargill, por su parte, dijeron que no harían declaraciones públicas mientras siga el proceso en esfera penal, desde su oficina de comunicación con sede en Brasil.
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