El nuevo gobierno de Paraguay hereda acuerdo con el FMI que prevé reformas estructurales en la Caja Fiscal

El gobierno entrante de Santiago Peña, que asumirá el cargo el próximo 15 de agosto, heredará el acuerdo que su predecesor, Mario Abdo Benítez, firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en noviembre del año pasado. El acuerdo incluye una serie de reformas estructurales, entre las que se encuentra la reforma de la Caja Fiscal y la creación de una superintendencia de pensiones.

Uno de los puntos más críticos del acuerdo es la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, la cual ha estado acumulando un déficit creciente desde 2015. Los impuestos que paga la ciudadanía se utilizan para cubrir gran parte de esta brecha. Durante los últimos ocho años, la brecha entre el aporte y el pago de jubilaciones ha rondado los US$ 900 millones.

Dentro de la comunidad financiera y económica del país, existe una coincidencia generalizada en que la reforma de la Caja Fiscal es un tema prioritario. Los exministros de Hacienda, Manuel Ferreira, César Barreto y Dionisio Borda, así como el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han instado al gobierno entrante a buscar soluciones urgentes para atender la creciente brecha y el agotamiento de las reservas que se disponen para cubrirla.

El FMI ha advertido que las reservas actuales de la Caja Fiscal se sitúan en US$ 430 millones y se agotarían en menos de tres años. En ese momento, el déficit tendría que ser cubierto en su totalidad por el gobierno central.

El BID ha propuesto ajustar los parámetros como una alternativa viable para hacer frente a los pasivos previsionales. Aunque el Partido Colorado tiene mayoría en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de actualización de los haberes jubilatorios, que surgió de las asociaciones de jubilados y fue impulsado durante la campaña proselitista por el senador Martín Arévalo (ANR-cartista), sigue siendo objeto de estudio en el Congreso.