Cargill deja en manos de la Justicia reclamo de firma de agronegocios

“Cargill está presente en Paraguay desde hace 45 años y siempre ha operado en el marco de la ley. En relación al caso, se encuentra en fuero penal y continuaremos a disposición para esclarecer los hechos”. Esta fue la respuesta de la gigante granelera respecto a la denuncia de La Paraguaya Express, que reclama al menos USD 700 mil en un contrato, según lo publicado en un artículo de El Nacional el domingo pasado.

Consultado sobre más detalles del tema, Felipe Fonseca, Media Relations and Issues Response de la multinacional desde su sede en Sao Paulo, comentó que, por el momento, no están brindando más detalles, pero que estarán comunicando novedades sobre el tema.

Karina Rejala, directora de La Paraguaya Express, una empresa proveedora de granos y que forma parte hace años de la cadena logística del agronegocio, denunció una presunta estafa por parte de la poderosa multinacional Cargill, en una operación en la que una tercera compañia es pivot de la discordia, en este caso AGAPE.

A fin de garantizar el cobro de la venta, ya que la soja era vendida a AGAPE S.A y depositada en los silos de Cargill, La Paraguaya solicitó un documento que respaldase la operación comercial, motivo por el cual la empresa AGAPE remitió un “mandato irrevocable de pago” a favor de  la empresa proveedora de granos  y expedido por Cargill.

Este mandato básicamente refiere que Cargill se compromete a pagar por los granos a La Paraguaya Express S.A. El mandato fue firmado por el representante de Cargill S.A.C.I., Alejandro Pozzo, y por AGAPE S.A.  el Ing. Ortiz, donde ambas empresas acuerdan que Cargill S.A.C.I., debe abonar a La Paraguaya Express, así lo indica el documento arrimado por la directora de la proveedora de los granos.

Siempre según Rejala, teniendo ese aval de la firma Cargill, se inició el proceso de la entrega de las mercaderías en los puertos anteriormente mencionados y estipulados por la multinacional en el contrato.

Fiscalía

El caso se encuentra actualmente en el Ministerio Público, con la correspondiente querella adhesiva, a cargo del estudio Tuma. La empresa de agronegocio paraguaya que demanda el cobro a Cargill, recusó a la fiscala Estefanía González, “porque evidentemente estaba apalabrada (…), cuando me fui a declarar fue una declaración más indagatoria que testifical, siendo yo la denunciante”, recordó Rejala.

En la indagatoria se presentó toda la cadena de trazabilidad de la operación y que daría la razón a La Paraguaya, según esta compañía.

La empresaria en cuestión cree que Cargill como organización empresarial tiene una política de responsabilidad social bastante reconocida y que “el problema fue con funcionarios corruptos” y que incluso recibieron amenazas, que tiene bien documentadas.