Sindicatos aprovechan año electoral para aumentar privilegios

En pleno año electoral, autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) y sindicatos acordaron un nuevo contrato colectivo que incrementa los beneficios para los trabajadores de la previsional. El documento entraría a regir desde el 2024 y contempla aumento salariales, más gratificaciones y licencias remuneradas.

Uno de los puntos más llamativos del contrato es que los funcionarios pueden llegar a tener hasta 266 días libres al año con goce de sueldo.

Está estipulado que el trabajador podría tener hasta más de 90 días de reposo, más de 45 días libres por enfermedades del cónyuge, padre o hijos; otros 30 días libres por circunstancias extraordinarias no especificadas, unos 12 días libres por exámenes finales y disertaciones en Congresos, entre otros, sin contar los días de vacaciones.

Además, está designado un incremento salarial del 5 % anual, una ayuda escolar del 40 % del salario mínimo por cada hijo. Una gratificación especial equivalente al 100 % del salario mínimo a ser abonado el primer mes del año, es decir doble aguinaldo, bonificaciones por grado académico, posgrados, entre otros.

En otras instituciones públicas con sindicatos fuertes, como Hacienda, Banco Central, ANDE y Petropar, se preparan para defender los beneficios extras ya adquiridos y solicitar nuevas ampliaciones.

Sin fuente de financiamiento

La pregunta que surge es cómo se financiarán los extras, arropados del rosario de bonificaciones y gratificaciones, siendo que la previsional ni siquiera puede cumplir con el pago de provisión de medicamentos para sus asegurados y cuya deuda con las farmacéuticas ronda USD 250 millones, lo cual levamtó incluso las orejas de la Contraloría General de la República (CGR).

Los gremios empresariales, que son los grandes aportantes, tanto para la Caja de Jubilaciones como para el sistema de salud, pidieron transparencia en el manejo administrativo a través de sendos comunicados la semana pasada.

Queda por ver qué posición tomarán ante este nuevo intento de desangrar al ente previsional, cuya Caja de Jubilaciones colapsaría en 15 años de no llegar a aplicarse reformas estructurales, según los últimos cálculos actuariales.

Prebendarismo colorado

Los mayores beneficios obtenidos por los funcionarios del Estado datan desde la década del 80, cuando las empresas públicas y entidades descentralizadas comenzaron a otorgar no solo mejoras salariales, sino también reducciones de tarifas públicas y pagos extras.

Más recientemente, los contratos colectivos con mayores beneficios para funcionarios dependientes de la Administración Central (más salarios de los que recibe un trabajador del sector privado) se dieron en su mayoría en el último tramo del gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Mientras que en mayo de 2008 fue firmado el contrato colectivo con funcionarios del Ministerio de Hacienda, en junio de ese mismo año se firmó el contrato colectivo con funcionarios del Ministerio de Agricultura.

Desde entonces, la canilla no para de abrirse, desangrando al Estado, cuyos ingresos (por encima del 70 % son destinados al pago de salarios y a la gran cantidad de privilegios en algunas instituciones públicas que ofrecen pésimo servicio, entre parentesís, y  no quedando recursos para invertir en la mejora de la calidad de vida de las personas que sostienen al elefante blanco con el dinero de sus impuestos.