Presunto oligopolio a costa de la salud pública

El grupo de empresas nucleadas en la Cámara Paraguaya de Innovadores de Diagnóstico In Vitro (Capaidi) busca frenar el ingreso de nuevos jugadores al mercado que podrían abaratar los costos de diagnósticos en salud pública.

De acuerdo a fuentes de El Nacional, el exviceministro de Salud, Julio Rolón, estaría jugando a favor del stablisment con la remera de la firma Index, una de las asociadas a la Capaidi.

“Solicitamos mantener el sistema de adjudicación de los llamados a licitación de hospitales de gran porte por lote/área/hospital y no por ítem, por deberse a una cuestión netamente técnica y no limita la concurrencia o participación de oferentes. Le solicitamos una reunión con esta cámara que nuclea a la empresa proveedora de equipamiento completo, a los laboratorios de análisis clínicos”, señala un documento remitido por la Capaidi a la Dirección de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) del Ministerio de Salud.

En otras palabras, solicitan a la Dinavisa que no se acepten a nuevos proveedores para la compra de insumos, equipos y reactivos bajo el argumento de que las empresas que desean incorporarse a las licitaciones son “improvisadas”.

Con esto, las empresas miembros del gremio pretenden dejar fuera de competencia a demás empresas que podrían redundar en beneficio para las finanzas públicas.

Aparte de Index, firman el documento las empresas Bioanálisis, El Álamo, Biotec y Tapé Ruvichá.

Antecedentes

Primero se dio a conocer la negativa de Dinavisa a los test rápidos y ahora el propio ministerio a través de la Red de Laboratorios del Ministerio, hace más caso a la Cámara Paraguaya de Innovadores de Diagnóstico (Capaidi) que al propio bien de la ciudadanía, con el fin de evitar que nuevos empresarios ingresen en el mercado.

Es que la llegada al mercado de empresas proveedoras de reactivos para Diagnósticos in Vitro cayó como un balde de agua fría a los nucleados en la Capaidi, quienes a través de una nota dirigida a Santiago Insaurralde, de la Dirección General de Desarrollo de Servicio y Redes de Salud, pretenden vedar la competencia en el rubro; dado el caso enturbiaría cualquier proceso de licitación.

Está claro que  se pretende mantener el cerrojo y evitar que cualquier empresa participe de las licitaciones públicas para proveer a los hospitales y/o laboratorios, cuando que una licitación es un mecanismo legal para que los organismos de gobierno adquieran o contraten bienes o servicios donde los interesados formulan sus propuestas cumpliendo las bases del pliego de condiciones y se selecciona la mejor opción.

De por sí se da por descontado que las empresas que participen deben cumplir con todos los requisitos presentados en ley y por los convocantes; no debería preocupar que las empresas acudan a los llamados ya que el proceso se realiza conforme a la ley.