Los 5 grupos que facturaron casi USD 400 millones por seguro para estatales

POR Alfredo Schramm

@ElediTHOR

En medio de la apremiante crisis sanitaria que vive el país con hospitales públicos que no dan abasto y con médicos de manos atadas sin poder prestar mejores servicios por la falta de infraestructura e insumos, cobra fuerza el debate relacionado a cuanto gasta el Estado para que parte de su nómina tenga asegurada una atención de primera calidad en los sanatorios privados; un tema más conocido como Seguros VIP, beneficio al que acceden incluso funcionarios con altos ingresos que bien podrían hacer patria costeando el servicio desde sus propios bolsillos.

El debate se encendió más tras conocerse adjudicaciones recientes como la que realizó el Ministerio de Obras Públicas por USD 12 millones para asegurar a su plantel.

De acuerdo a un recuento, en base a registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el equipo de El Surtidor detectó que 5 empresas acapararon el 87% de los contratos relacionados a seguros de salud por USD 400 millones entre el 2008  y la actualidad.

Para el presente ejercicio fiscal se tiene presupuestado unos USD 80 millones, lo cual fue aprobado en el Congreso durante el tratamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN 2021) y promulgado en los primeros días de este año por el Ejecutivo.

La empresa que más facturó es Santa Clara (casi USD 142 millones), hoy denominada Sanatorio Británico y que fue adquirida por el Grupo Harrison hace un lustro.  Le sigue Promed con USD 88 millones del Grupo Daglio y completa el podio con USD 62,8 millones Asismed (La Costa, San Roque y Santa Julia), cuya cara visible es el empresario Miguel Figueredo, muy conocido en el ambiente futbolero.

Medi Plan y Santa Bárbara completan el top 5 de los que se alzaron los mayores contratos entre los años mencionados.

Lo que gran parte de la sociedad civil se cuestiona no es el derecho que tienen los estatales a contar con el seguro, sino porqué tienen acceso a un sistema de primera calidad, mientras el 76% de la población no tiene ningún tipo de respaldo en términos de salud. Este dato extraído de Censos (2019).

La previsión social es uno de los mayores aspectos de desprotección que sufre la gente en Paraguay: la muy limitada cobertura de la seguridad social contributiva, así como la desigual calidad de sus servicios. La previsión social es fundamental para encarar los eventos adversos que pueden presentarse durante todo el ciclo de vida, así como para protegerse de situaciones vitales previsibles mediante prestaciones como pensiones, cuidado y salud especializada”. Verónica Serafini-economista del Cadep

Proyecto para una reforma

El senador Jorge Querey (FG) explicó en entrevista con El Nacional que el proyecto de ley que busca migrar a todos los funcionarios públicos desde seguros privados a la cobertura del Instituto de Previsión Social (IPS), continúa en debate en la Cámara Alta. Con esta iniciativa se busca terminar con los privilegios de los seguros VIP del sector público y pasar a destinar estos recursos a reforzar el sistema previsional, sumando también nuevos asegurados.

“La propuesta sigue vigente en el Senado pero tropezamos con inconvenientes en el marco de la pandemia. Para que esto sea efectivo se deben hacer inversiones significativas para iniciar el proceso de migración. Se deben construir por lo menos 2 ó 3 hospitales de alta complejidad, bajo una inversión que llegaría a los USD 250 millones”, comentó.

El congresista añadió que el problema resulta que para pasar a cargar la previsional con los funcionarios, la infraestructura actual también debe adecuarse, que hoy en día está colapsada por pacientes con Covid-19 y otras patologías. “Pero sin hacer ese proceso de inversiones es imposible pensar en un proceso de migración”, acotó.

En ese contexto, y teniendo en cuenta la actual emergencia por la pandemia, Querey indicó que optaron por no aplicar la presión del debate de momento. Mencionó que decidieron por incluir la iniciativa en el marco del conjunto de paquetes de la Reforma de Seguridad Social que debe tratarse más adelante.

Con relación a la estimación de recursos destinados a la fecha a seguros médicos del sector público, el senador expresó que el monto se ubica entre los USD 80 millones y USD 120 millones. Estos recursos en su totalidad pasarían a cubrir netamente lo que plantean en el tema aportes, agregó.

Sin embargo, según Querey, será necesario realizar ajustes en lo que refiere al asunto de los aportes. “La caja jubilatoria de los funcionarios públicos también tiene exigencias muy fuertes para los trabajadores y ahí se estaría creando una inequidad en el sentido del aporte obrero-patronal, donde pasaría a ser el Estado el ‘patrón’ en este caso”, aclaró.

Por último, no quiso adelantar una fecha exacta donde retomarían como comisión asesora el debate de esta iniciativa, en atención que existen ajustes pendientes, además de la envergadura del recambio gigantesco que implica la incorporación de miles de personas al IPS.